Madrid
La complicada situación contable del sistema de pensiones constituye, cada vez más, un motivo de preocupación de los organismos supervisores.
Fue el Tribunal de Cuentas la institución que este mes denunció que el desequilibrio real de la Seguridad Social –descontadas las cada vez mayores ayudas del Estado– rondaba los 100.000 millones. Más recientemente es la AIReF la encargada de estimar que el desembolso en estas prestaciones crecerá casi un 6% este mismo año.
Nadie puede acusar a la Autoridad Fiscal de ser excesivamente severa o pesimista con la última reforma de las pensiones. Muy al contrario, le otorgó su plácet en la evaluación a la que la sometió a finales del pasado marzo. Pero ni siquiera esa benevolencia puede ocultar que resultará imposible lograr incrementos del desembolso en esta rúbrica inferiores al 4,5% en todo el periodo comprendido entre 2025 y 2029 –las previsiones no llegan más lejos–. Las causas están claras, y ninguna ha sido abordada por la anterior reforma. La revinculación de las actualizaciones anuales al IPC llegó en el momento más delicado, cuando la generación del baby boom llega al final de su vida laboral, con unos sueldos más altos y unas carreras profesionales notablemente superiores a las de sus predecesores.
El hecho de que no esté previsto mecanismo alguno de contención de las actualizaciones –según variables tan insoslayables como la evolución del PIB, del mercado laboral y de la esperanza de vida– impide fijar un techo razonable para el desembolso en pensiones. Y ésa es una realidad que no solucionarán ni las transferencias masivas provenientes del Estado ni el incremento sin tasa de la deuda de la Seguridad Social.
