Madrid
Nos encontramos en un entorno global donde la innovación es clave para el desarrollo económico y social de cualquier país que busque la autonomía estratégica de recursos y un crecimiento sostenible. En España, este elemento dinámico muestra una notable vitalidad, aunque todavía se encuentra con algunas barreras que limitan su máximo potencial. Nuestro país cuenta con uno de los esquemas fiscales más favorables de Europa para fomentar la I+D, un hecho que invita al optimismo.
Con todo, es importante reconocer que existen aspectos a mejorar, como cierto grado de incertidumbre jurídica, la necesidad de llegar a una mayor simplificación administrativa o la agilización de los procesos burocráticos; factores que pueden limitar el potencial de los incentivos para que se conviertan en un catalizador efectivo del crecimiento empresarial. A pesar de estos desafíos, el sistema nos ofrece oportunidades significativas para las empresas que buscan invertir en innovación y desarrollo tecnológico.
El enfoque a corto plazo que mantienen muchas empresas es, sin duda, un camino desacertado. Según el VI Barómetro Internacional de la Innovación 2025 de Ayming, casi el 40% de las compañías consideran esto como uno de los principales obstáculos internos para la innovación. Las organizaciones pueden sentirse presionadas para conseguir resultados inmediatos y, con ello, llevarlas a priorizar lo urgente sobre lo importante, apartando proyectos estratégicos que podrían marcar la diferencia si siguieran una vía a largo plazo. Seguir este enfoque no solo limita la capacidad innovadora de las empresas, sino que también afecta a su competitividad en un mercado global cada vez más exigente. Así que, si queremos tener un país referente en innovación, se hace imprescindible cambiar esta mentalidad, apostando por estrategias sólidas, pensadas a largo plazo.
El laberinto de incentivos públicos a los que se enfrentan las compañías españolas dificulta que las empresas aprovechen estas oportunidades de financiación facilitadas por el Estado. Esto pone de manifiesto que la existencia de incentivos por sí misma no es suficiente mientras no sean fácilmente accesibles o comprensibles para sus potenciales beneficiarios. La complejidad en los procesos y el exceso de trámites burocráticos desalienta a todas las compañías, incluso a aquellas con mayor vocación innovadora, impidiendo el avance colectivo del ecosistema innovador español. Las empresas requieren herramientas claras y accesibles que les permitan aprovechar al máximo todos los recursos disponibles, sin malgastar tiempo ni esfuerzos. Simplificar los procedimientos y mejorar la comunicación, así como la manera de transmitir la información sobre recursos y ayudas, debe ser un objetivo prioritario para las administraciones públicas.
Las startups son un motor en el engranaje del ecosistema innovador español por su intensidad en I+D y son especialmente susceptibles a estas barreras, puesto que sus recursos son más limitados y han de estar enfocados en su totalidad a la investigación y la llegada a mercado de sus tecnologías. Aunque disponen de alternativas interesantes para su financiación, como el Tax Equity o programas específicos como NEOTEC o ACTIVA STARTUPS, estas iniciativas no son suficientes para solucionar todos los retos a los que se enfrentan las startups, que necesitan soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. En este sentido, el concepto de 'empresa en crisis' nos requeriría de otro artículo en profundidad para explicar lo equivocado de su planteamiento y cómo las perjudica, impidiendo el acceso a determinadas convocatorias públicas.
Estas compañías emergentes necesitan apoyo total ante su falta de experiencia en gestión o ante su dificultad para escalar sus modelos de negocio. Fomentar un entorno emprendedor sólido pasará por apostar por políticas que financien proyectos innovadores y que los acompañen en sus distintas fases de crecimiento.
Este es un camino lleno de retos, pero también de oportunidades: España muestra un potencial prometedor para consolidarse como referente en innovación. Aunque podamos diferir en los criterios de evaluación, el European Innovation Scoreboard 2024 califica a nuestro país como un "innovador moderado", con un índice del 89,9% respecto a la media de la UE, registrando una mejora en la puntuación por tercer año consecutivo desde 2021. Según este mismo informe, España está por encima de la media comunitaria en un indicador clave: financiación y soporte (en la posición 8, por delante de Alemania y justo detrás de Suecia y Finlandia). Sin embargo, empeoramos la puntuación en tres aspectos clave: colaboración con el sistema, inversión empresarial e innovación en PYMES, tres pilares sobre los que se tiene que construir nuestro crecimiento en I+D.
Sin embargo, nuestras empresas son conscientes de la relevancia de la innovación como clave diferenciadora y crítica para la competitividad. Según el citado barómetro de Ayming, el 85% de las empresas españolas pretende aumentar su presupuesto en I+D en 2025, superando en 12 puntos la media global; un enfoque optimista que refleja su orientación y apuesta por la innovación.
Unas políticas públicas enfocadas a las necesidades de las empresas, un escenario que fomente la colaboración público-privada, la mentalidad empresarial a largo plazo y la simplificación del acceso a los mecanismos de financiación existentes, llevará a nuestras compañías a vivir en un entorno de innovación más competitivo y a acelerar nuestra carrera por la I+D. Todavía queda trabajo por hacer para alcanzar los ambiciosos objetivos de inversión establecidos por la Comisión Europea para 2030. El desafío está claro: ¿seremos capaces de aprovechar esta oportunidad? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: si queremos liderar en innovación, debemos actuar ahora.
