Especial Salud
El pasado mes de diciembre Farmaindustria emitía un comunicado para mostrar su "compromiso y colaboración con los objetivos plasmados en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 aprobada por el Gobierno y que sitúa a este sector como un pilar estratégico para el país". La estrategia, según explicaba la patronal, es fruto del diálogo mantenido desde hace meses entre las asociaciones sectoriales Farmaindustria, Aeseg, BioSim, Afaquim y Asebio con seis ministerios (Sanidad, Hacienda, Industria y Turismo y Ciencia, Innovación y Universidades y Presidencia del Gobierno).
Los expertos destacaban que el texto pone el foco en tres puntos fundamentales para el sector: el impulso a la I+D en el área biomédica; el crecimiento del tejido productivo para reducir la dependencia exterior de medicamentos considerados estratégicos, y la mejora de la disponibilidad de fármacos innovadores, gracias a un marco estable, claro, ágil y predecible.
Sólo tres meses después, en abril de este año, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de los Medicamentos, que regula el coste de los fármacos cuya patente ha expirado mediante el denominado sistema de precios seleccionados, que consiste en establecer cada seis meses unos precios para cada agrupación homogénea de medicamentos en base a las ofertas ciegas de las compañías. De esta manera, habrá un medicamento genérico o similar con el precio más bajo, una agrupación de medicamentos con precios seleccionados en cada rango, así como una agrupación de medicamentos no seleccionados, que cambiarán cada seis meses. El objetivo, declarado por Sanidad, es lograr una bajada continua del gasto público de más de mil millones, siguiendo el modelo implantado en Suecia.
La patronal reaccionó, de inmediato, con otro comunicado, en el que señala que "de ponerse en marcha este sistema, provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento, impactaría muy negativamente de forma estructural en el tejido de la industria farmacéutica de nuestro país y supondría una reducción de las farmacias, con el consiguiente impacto sobre los pacientes".
No sería la primera vez que un ministro promete una cosa por la mañana y otro la contraria por la tarde. Una de las contradicciones más sonadas fue entre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a raíz de la reducción del IRPF para los trabajadores con Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Afortunadamente, tanto la Estrategia como la Ley de los Medicamento prevén sendos comités de seguimiento entre el Ministerio de Sanidad con las farmacéuticas, en el que debería encontrarse una solución.
Es urgente conciliar el sentido de ambas normas. De lo contrario, la autonomía estratégica que se pretende proteger conseguir para garantizar el abastecimiento estaría seriamente en entredicho. Las empresas ya han advertido que provocará "un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y del empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad".
España se ha situado como el primer país de Europa en número de ensayos clínicos de nuevos medicamentos y el segundo del mundo para muchas compañías, sólo por detrás de EEUU", según el director general de Farmaindustria, Juan Yermo.
Las inversiones del sector en I+D crecen el 5,7% en la última década, hasta cerca de 1.400 millones en 2022, lo que representa uno de cada cinco euros que se invierte en innovación en nuestro país. Asimismo, la producción de medicamentos aumentó el 40% en los últimos tres años, gracias a las 174 plantas, repartidas por 13 autonomías, que facturaron en conjunto 23.000 millones. Es necesario preservar estas inversiones. La nueva ley es una inmerecida bofetada al sector productivo español.