
El acuerdo firmado entre Trabajo y los sindicatos en 2024 daba hasta el fin de 2025 para consensuar el ajuste del recorte de la jornada hasta las 37,5 horas semanales en los convenios. Entonces parecía un tiempo suficiente para que el Gobierno lograra los apoyos para sacar adelante la medida en el Congreso. Pero cada vez son más los que ponen en duda que se puedan cumplir los plazos acordados. A ello contribuye que el Ejecutivo no ha enviado todavía el proyecto a la cámara, ya que Yolanda Díaz sigue sin recabar el necesario respaldo de Junts a su medida estrella. El ajuste de los convenios está así abocado a aplazarse a 2026 por el atasco de una normativa que, con lógica, es rechazada por partidos políticos y empresarios, ya que daña la productividad de las empresas.