Madrid
España se define empresarialmente por sus pequeñas y medianas empresas. Los datos son claros: casi 2,95 millones de pymes frente a apenas 5.800 grandes empresas a finales de 2024. Este tejido de pymes no solo domina el panorama, sino que es el principal motor de empleo, albergando a más de 11 millones de asalariados, muy por encima de las grandes corporaciones.
Somos el segundo país europeo en número de pymes, tras Alemania. Esta realidad configura un tejido productivo con gran capacidad de adaptación, pero también con una vulnerabilidad significativa ante cambios normativos y económicos. Cualquier medida que afecte su estructura repercute ampliamente en la economía nacional.
Un sector vital en la cuerda floja
Dentro de este panorama, el sector del transporte es especialmente dependiente de las pymes. Representando un 4,4% del PIB, facturando cerca de 150.000 millones de euros anuales y empleando a casi un millón de personas, el transporte es esencial para la economía española.
Un abrumador 99,8% de las empresas del sector son pymes, generando el 62% del Valor Añadido Bruto y proporcionando el 66% del empleo sectorial. Estas cifras reflejan una realidad de autónomos, pequeñas cooperativas y empresas familiares que garantizan la capilaridad y adaptabilidad del transporte en todo el territorio. Las pymes son, en esencia, el motor del sector.
La subida del SMI y la reducción de jornada: Medidas de doble filo
El gobierno ha implementado dos medidas laborales de gran alcance: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales (14 pagas) y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Ambas buscan mejorar las condiciones laborales y la conciliación.
Sin embargo, para las pymes del transporte, estas medidas bienintencionadas se convierten en un desafío considerable, especialmente ante la falta de ayudas compensatorias efectivas y simplificación burocrática. La realidad operativa de un sector con márgenes ajustados y alta competencia choca con el impacto económico de estas normativas.
El impacto en la línea de flotación de un Sector Estratégico
Las implicaciones son directas y amenazan la viabilidad económica de muchas pymes del transporte:
- Aumento exponencial de los costes laborales: La subida del SMI y la reducción de jornada incrementan directamente los costes salariales y las cotizaciones sociales. La reducción horaria eleva el coste por hora trabajada si no hay un aumento proporcional de productividad. Para empresas donde la mano de obra es un gasto principal, el impacto es severo. Además, se produce un "efecto faro", presionando al alza otros salarios para mantener la estructura interna.
- Productividad en entredicho y competitividad herida: La premisa de que una jornada más corta aumenta automáticamente la productividad es muy cuestionable en el transporte, sector sujeto a variables externas (tráfico, rutas, plazos). El riesgo de que la productividad no compense el aumento de costes es alto. En un mercado globalizado, las pymes españolas pierden competitividad frente a empresas de otros países sin estas cargas. Esto puede incentivar la subcontratación a empresas extranjeras o inversiones forzadas en automatización, afectando al empleo.
- Inflación y traslado de costes al consumidor: Ante el aumento de costes, muchas pymes se verán forzadas a trasladarlos a los precios de sus servicios. Esto alimenta la inflación general, reduce el poder adquisitivo y puede erosionar aún más la competitividad internacional del sector. El consumidor final acaba asumiendo el coste de medidas teóricamente diseñadas para su beneficio.
- Riesgo para el empleo y freno a la inversión: Las pymes con menor capacidad financiera podrían verse obligadas a reducir plantilla o cerrar. Incluso las supervivientes podrían frenar la contratación e inversiones futuras, limitando el desarrollo sectorial. El riesgo de un aumento de la economía sumergida también es una posibilidad.
- Beneficio fiscal para el estado: La gran paradoja. Mientras las pymes asumen la carga, el Estado parece ser el principal beneficiario fiscal. La subida del SMI y el mantenimiento del empleo, sin deflactar el IRPF, se traducen en mayor recaudación por cotizaciones e impuestos. La ausencia de ayudas directas significativas y la complejidad burocrática refuerzan la percepción de que el objetivo primordial podría ser aumentar los ingresos públicos a costa de la viabilidad de las pymes y, en última instancia, de los propios trabajadores y consumidores.
No se trata de oponerse a la mejora de condiciones laborales, sino de encontrar un equilibrio viable. Es esencial un diálogo social efectivo que considere las especificidades del transporte y que implemente ayudas directas, desgravaciones fiscales y apoyo a la productividad.
Mejorar la productividad primero y luego trasladar parte de esa mejora a las condiciones laborales sería un enfoque más sostenible. De lo contrario, el progreso social proclamado podría derivar en un retroceso económico, debilitando el tejido empresarial y la competitividad del sector transporte