
El año 2024 se saldó con una media mensual de 249.492 jubilados y pensionistas inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos, pero excluidos de las listas de paro registrado. Un 10,6% más que en 2023. Pero estas cifras podrían incluir también a desempleados que superan los 65 años que no se han jubilado. Y es que la definición que maneja el Ministerio de Trabajo de este colectivo no se ha modificado desde 2001, pese a que la edad legal de retiro ha aumentado hasta los 66 años y 8 meses. Esto apunta a una distorsión en las cifras similar a la provocada por los fijos discontinuos. En este caso afectaría al 9,5% del paro registrado y agrava las dudas sobre la fiabilidad de unas estadísticas que el Gobierno sigue sin aclarar.