
Cataluña es la única autonomía donde rige el tope a las subidas del alquiler, lo que reduce la oferta y eleva los precios. Pese a ello, el Govern sigue dando pasos en la dirección equivocada. Así lo demuestra con un decreto ley que aprobará próximamente y que incluye dos subidas tributarias. En concreto, serán el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentales los que aumentarán. Unos incrementos dirigidos a los grandes fondos que son propietarios de un elevado número de viviendas, lo que dificultará en gran medida la venta de sus carteras. Se trata, por tanto, de un nuevo golpe al sector inmobiliario, que genera inseguridad jurídica y que, evidentemente, retraerá la necesaria inversión en vivienda en Cataluña.