Madrid
Bruselas decide que un laudo que obliga a España a compensar con 101 millones a Antin por la modificación en 2013 del régimen de 2007 para apoyar a las renovables, constituye una ayuda de estado ilegal. Supone una buena noticia para el Gobierno en su batalla con los fondos, que reclamaban en total más de 1.700 millones por el fin de estas ayudas.
Ello debido a que la decisión de la Comisión Europea salvará al Ejecutivo de pagar este dinero. No obstante los fondos pueden recurrir la resolución a los tribunales nacionales o al propio TJUE. Se abre así una batalla legal por los laudos, que dista mucho de estar resuelta. La decisión de la UE, por tanto, crea un periodo de inseguridad jurídica negativo en un momento en el que se necesitan inversiones en energías limpias.
