Barcelona
El problema de la vivienda nunca se ha resuelto en España, pero hemos vivido dos épocas muy marcadas, la primera, las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado y la segunda, los actuales veintes. La emigración fue la causa principal seguida de otras peculiares de cada época.
La primera época se resolvió a lo largo de muchos años, la actual, carece de proyecto a largo plazo y estable, todavía, pero también se resolverá a largo plazo si las administraciones se ponen de acuerdo en conseguir encontrar un camino que perdure en el tiempo. Las políticas partidistas y a corto plazo no resuelven el problema de la vivienda que requiere políticas a largo plazo pactadas por la mayoría de los partidos políticos.
En cuanto a la primera época, la destrucción de edificios, la movilidad de la población, el reinicio de la industrialización después de nuestra guerra civil y la desertización del campo por su falta de desarrollo, así como la penuria derivada de la segunda guerra mundial, movilizaron la ciudadanía hacia las grandes ciudades sin hallarse preparadas para ello.
El chabolismo o barraquismo proporcionó cobijo a esta masa de gentes a la búsqueda de una nueva y mejor vida. Colonias de barracas ocuparon espacios, sobre todo públicos, sin las mínimas necesidades higiénicas cubiertas. Carencia de agua corriente, de cloacas, frio en invierno y calor en verano. En Barcelona se ubicaban en Somorostro, Campo de la Bota, Can Tunis, Poble Sec, Tres Pins, La Perona, Sant Pau, Turó de la Rovira, Santa Engracia, Diagonal, El Carmel, Montjuich. En los años cincuenta el 7% de la población de Barcelona vivía en barracas.
El fenómeno aparece de improviso y las administraciones buscan soluciones, todas a largo plazo. La Ley de Arrendamientos Urbanos obliga a los propietarios a subrogar los contratos de arrendamiento a tres generaciones sin aumento de renta. Los edificios de viviendas eran propiedad de una o varias personas en bloque. No se había aprobado la Ley de Propiedad horizontal, llegó en 1958, que permitió la venta de pisos individualizados y como consecuencia la puerta al acceso a la propiedad de la vivienda individual.
El gobierno abrió tres caminos, el apoyo financiero a los promotores de vivienda social, la presión a las Cajas de Ahorro para que invirtieran parte de sus reservas en vivienda de renta limitada y la creación de Patronatos municipales que edificaran vivienda social en alquiler.
Más de tres décadas duró el proceso. Barcelona en los años cincuenta finalizaba en Francesc Macía por el Oeste, Paseo San Juan por el Este y por encima de Via Augusta la ciudad era rural o habitada por segundas residencias. La Barcelona de hoy se desarrolló a velocidades de vértigo con todas las carencias e improvisaciones que este ritmo representaba. Barrios enteros llenos de viviendas nuevas habitadas, sin alumbrado público, sin asfaltar sus calles, sin comunicaciones adecuadas, pero todo ello era mejor que habitar barrios enteros de chabolas promiscuas carentes de lo más mínimo.
Las viviendas edificadas por entes públicos y Cajas de Ahorro eran de alquiler, las edificadas por empresas privadas con ayuda pública se vendieron a partir de 1958. En aquellos años las Cajas de Ahorro solamente prestaban mediante hipoteca al promotor. El comprador de la vivienda debía pagar su precio en cinco años, período máximo que los bancos adelantaban el dinero de las letras de cambio que aceptaban los compradores en pago de sus viviendas. Una familia en la que trabajaran dos o tres de sus miembros podía adquirir una vivienda pagándola en sesenta mensualidades. Hoy precisa treinta años. Hoy existe falta de vivienda, pero no es comparable a aquella época de necesidades primarias, fundamentales.
Hoy se habla del derecho a la vivienda, de la incapacidad de los jóvenes a independizarse, de salarios bajos que no permiten el pago de rentas de mercado o bien del pago de cuotas hipotecarias.
Hace ochenta años vivían tres generaciones en viviendas de cuarenta metros cuadrados. Hoy es inadmisible. Quien debe resolver el problema, el Estado o el propio ciudadano. Si lo desea resolver el Estado o el partido que gobierna para conseguir ganar las próximas elecciones, debe resolverlo el propio gobierno pero no obligar a la sociedad entera que le ayude a resolverlo mediante la limitación de sus ahorros o bien obligar a las empresas a unas obligaciones que no hacen rentable su esfuerzo económico, sencillamente porque no lo van a hacer.
Recordemos que una causa de la burbuja inmobiliaria de 2008 fue el pacto entre las entidades financieras, la grandes promotoras y el Estado para prolongar de los quince a los treinta años el pago de los prestamos hipotecarios. Les enriqueció a los tres sectores a costa del ciudadano, que le absorbió todos sus ahorros durante el periodo de la hipoteca, en la práctica, su vida laboral integra.
Hoy nadie quiere reconocer su culpa y se intenta paliar la falta de vivienda de otro modo, interviniendo el mercado de un modo directo a costa del ahorrador en inmuebles limitando los alquileres. Como consecuencia, el ahorro prefiere hoy el fondo de inversión porque advierte que el Estado puede limitar su propiedad según su ideología.
El Estado puede y debe limitar los abusos, pero debe estudiar a fondo las repercusiones que tendrán sus políticas. Un ejemplo, en Catalunya, por ley, se han delimitado zonas tensionadas en las que se limita el alquiler de las viviendas. Consecuencia de ello, han disminuido las viviendas nuevas en zonas intervenidas, desaparecido, las nuevas promociones de vivienda. Solamente se edifica con normalidad en las zonas libres de limitaciones.
El legislador y el gobernante se han olvidado de algo muy importante, básico, si se desea resolver un problema debe resolverlo quien es responsable de una sociedad concreta. En una democracia, los problemas no se resuelven obligando a las personas a emplear sus ahorros de un modo determinado, o a las empresas a invertir donde no consideran que sea rentable. Es el propio estado quien debe destinar dinero público, suelo y esfuerzo a este sector, no presionar al ciudadano que invierta sus ahorros en actividades que no le sean rentables.
Si el Estado construye viviendas y desea que sus ciudadanos vivan en ellas, deberá edificar cantidades ingentes en alquiler si quiere que las rentas se estabilicen. A mayor oferta de viviendas en alquiler menor precio de sus rentas. Nuestro país carece de un parque de viviendas públicas proporcional a su número de habitantes y a su poder adquisitivo. Hoy, para solucionar el problema se ponen los ojos en Austria, Alemania, Suiza, países cuyo porcentaje de vivienda en alquiler se eleva al cincuenta por ciento de todas las viviendas. Estos países hace setenta años que iniciaron esta política. Debemos empezar cuanto antes para, algún día, compararnos con ellos.
