Las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra que tienen su propio régimen fiscal, acumulan casi 70 impuestos propios. En cabeza está Cataluña, con 19, seguida de la Comunidad Valencia (9) y Andalucía (8). A la cola de la clasificación se encuentra Madrid, que se ha convertido en una adecuada rara avis en España al eliminar todos sus tributos desde 2022.
Pese al buen ejemplo de esta autonomía, la realidad es que el resto de territorios ve en estas tasas una vía para elevar la presión fiscal a personas y empresas. No en vano, las CCAA aumentaron un 14,1% su recaudación con impuestos propios en 2023, último año con datos disponibles, pero estas tasas apenas suponen el 2% del total de sus ingresos tributarios. A pesar de su ineficiencia, sería un error restarles importancia.
De hecho, lo grave es que los impuestos regionales existen y que, además, muchas CCAA prevén incrementarlos. Buen ejemplo de ello Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha que el pasado ejercicio añadieron más tasas a su mapa fiscal. Con ello, esta región y todas las demás salvo Madrid solo crean confusión y engordan una maraña tributaria con la que traban la actividad económica. Más aún, si dichos tributos autonómicos están acompañados de un tipo marginal máximo del IRPF, que ya supera el 50% de los ingresos de los contribuyentes en ocho CCAA.
Esta doble presión fiscal resta competitividad a las empresas para crecer y crear empleo y también lastra la capacidad de los territorios para captar empresas. Además, el desmedido afán recaudatorio también reduce el presupuesto que los ciudadanos tienen para gastar, lo que va en contra del consumo. Y por si faltara algo, el exceso de tributos autonómicos también eleva la inseguridad jurídica para las empresas.