Madrid
Si Madrid y Cataluña reciben una cantidad per cápita similar de la financiación autonómica y están próximas a la media española, según el índice de Fedea, un think tank próximo al Banco de España ¿por qué la quita que aplicará Hacienda a su deuda es casi el 70% inferior en la primera que en la segunda? Esto son matemáticas y no lo que aplica Montero. La ministra de Hacienda va a tener muy difícil explicar a los españoles por qué unos son tratados mejor que otros, sobre todo los catalanes.
El favoritismo hacia Cataluña por parte de la vicepresidenta y secretaria general de los socialistas andaluces es descarado. Sólo en términos políticos puede explicarse que el presidente del Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se adelantase a la ministra de Hacienda y presumiera en rueda de prensa que había conseguido 2.000 millones adicionales para Cataluña, con lo que la quita será de 17.000 millones en lugar de los 15.000 pactados con anterioridad.
La más alta de todas, excepto Andalucía, a la que Montero dispensa también un trato privilegiado, porque es uno de los graneros de votantes socialistas y porque quiere utilizarla como ariete para romper la unanimidad impuesta por Feijoo a sus barones regionales contra de la quita de la deuda. Montero presentó la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dos días después de las negaciones con Junqueras.
El Ministerio de Hacienda señala que la condonación se hace para compensar a las autonomías por "la insuficiente protección" que el Gobierno de Mariano Rajoy les ofreció entre los años 2010 y 2013, cuando la economía española sufrió una recaída después de la desastrosa gestión de Zapatero. Pero todo el mundo sabe que esto es mentira, la verdadera causa está en el acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Sánchez, que incluyó la condonación parcial de la deuda de la Generalitat, con una quita en torno al 20%.
De este compromiso arranca la primera decisión discriminatoria, porque la fijación de un umbral mínimo del 20% para las autonomías favorece a las más endeudadas, que son Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 86.000 y 58.000 millones, respectivamente. Así, gracias a la aplicación de este criterio, Cataluña obtendrá el perdón de 6.371 millones adicionales y la Comunidad Valencia, de 4.493 millones frente al resto, que casi no obtienen nada en este aspecto.
Para colmo de males, la condonación de más de 80.000 millones se establece comparando el alza de la deuda autonómica entre 2010-2013 y el periodo que va de 2020 a 2023, con la pandemia y la guerra de Ucrania, en la que Montero autoconsidera correcta la actuación del Gobierno. ¡Qué generosidad!
Pero no es comparable un período con otro, porque una cosa es una crisis de deuda, en la que España estuvo al borde de ser intervenido por Bruselas, con lo que difícilmente podía socorrer a los demás, y otra muy distinta es la pandemia o la guerra de Ucrania, cuando la Unión Europea habilitó un fondo milmillonario. Con esta medida se manda, además, el mensaje a las autonomías de que no es necesario ahorrar para tiempos difíciles, porque el Gobierno ya las rescatará.
Montero utiliza criterios a medida para favorecer a Cataluña y también a los andaluces
¿Qué criterios utiliza Montero para realizar el reparto? El 75% de la quita se establece con el criterio de población ajustada, utilizado también en la financiación autonómica, y el 25% restante obedece a varias razones. Entre ellas, figura un propósito elogioso, a priori: compensar la infrafinanciación acumulada entre 2010 y 2022. Esta fórmula es usada por Montero para dar un extra Andalucía, que está junto a Murcia y la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, entre las peor financiadas. Gracias a este criterio, Andalucía logra el perdón de 7.531 millones de deuda adicionales, seguida de los 1.804 de Castilla-La Mancha ó los 972 de Murcia.
Un caramelo envenenado para su gran rival político, el presidente andaluz, Juan Moreno Bonilla, que después del plantón del miércoles pasado, deberá decir si se acoge al perdón de la deuda ó lo rechaza y se expone a sufrir las críticas del poderoso aparato mediático monclovita. De todas maneras, aún queda un largo camino, ya que antes deberá ser refrendada en el Congreso por mayoría parlamentaria, para lo que tendrá que convencer a Junts, y sortear las posibles demandas de las autonomías. Numerosos juristas apuntan a una reforma de la LOFCA, que requeriría mayorías reforzadas.
Las autonomías del PP acabarán cogiendo la quita, pese al plantón dado esta semana
Esta vez el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sí ha conseguido que todos los barones del PP actúen como en Fuenteovejuna, todas a una. Aunque después de sacar adelante la reforma, los gobiernos regionales del PP, tendrán que pronunciarse uno a uno. ¿Va a renunciar Moreno Bonilla al perdón de más de 18.000 millones, que le cuestan más de cien millones al año en intereses de la deuda? Todo apunta a que acabarán cediendo, apuntan fuentes internas. El efecto mediático ya está conseguido, tras el rechazo por unanimidad. Pero al salir por la puerta antes de la votación, las autonomías tienen las manos libres para tomar la decisión.
Más allá de cómo termine la aventura de Montero, lo preocupante es el hecho de premiar a las autonomías que subieron impuestos, en lugar de al revés, que es lo mismo que recompensar la mala gestión. Pero aún hay más, porque el Gobierno no obligará a las autonomías a descontar los intereses que se ahorran de su regla de gasto, con lo que en la práctica se anima a gastar más dinero.
La condonación implicará una transferencia del Estado a las autonomías, ya que este se apunta 83.000 millones de deuda con el consiguiente pago en los intereses. Como consecuencia de ello, se disparará el déficit público del Estado y se reducirá el de las autonomías, aunque se efecto neto sea cero.
Montero tampoco compensará los gastos adicionales con otros ahorros del Estado, como denuncia la AIReF. En definitiva, una invitación a seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y para colmo de males, la financiación autonómica, que lleva más de una década pendiente de resolverse, sigue sin abordarse. Una chapuza.
El abuso político ha hecho también saltar por los aires la administración de Prisa. Su presidente, Joseph Oughourlian, harto de ser ninguneado pese a ser el accionista mayoritario, decidió plantar cara al Gobierno cuando vio que había que poner más dinero para una televisión promovida por el director de contenidos, José Miguel Contreras, el factótum del Gobierno en Prisa.
Contreras ya hizo un negocio redondo con la venta de La Sexta a Antena 3 y ahora se había reservado un 10% gratis et amore , lo que provocó la ira de Oughourlian. Las espadas están en alto, después del consejo que acordó la salida del consejero delegado y presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, el gran defensor del proyecto televisivo de Contreras.
Ahora, el Gobierno busca inversores para el 30% que iba a tomar Prisa en la tele y para el 29,8% de Oughourlian. El problema es que Oughourlian pide recuperar su inversión, 500 millones, cinco veces más de su valor de mercado.
Todas las miradas se vuelven hacia Telefónica, aunque su presidente, Marc Murtra, aseguró en la presentación de resultados que no está interesado ni en lo uno ni en lo otro. Hace bien Murtra, su gestión debe seguir guiada por las ganancias de rentabilidad.
Sería un error que un grupo de telecomunicaciones, que en el pasado ya tuvo que salir al rescate de la tele de Prisa, volviera a meterse en la aventura de una tele en abierto o en la toma del control del grupo mediático oficial. La operación chocaría, además, con los principios de Fundación Caixa, propietaria de otro 10% de Telefónica, que siempre se distinguió por su exquisita equidistancia de los medios de comunicación.
¿Qué hará Sánchez para recuperar el control de Prisa? Si Telefónica no apoya, la única salida es convencer al grupo francés Vivendi, que acaba de firmar por 800 millones el contrato para gestionar la publicidad de Telefónica. La presión va a ser brutal.
PD.- La semana mediática estuvo marcada por la declaración de Jessica Rodríguez, amiga íntima de Ábalos, quien reconoció ante el juez que fue contratada por dos empresas públicas, pero nunca fue a trabajar a ninguna de ellas. Su declaración se produjo unas semanas después de la de David Sánchez, el hermanísimo del presidente del Gobierno, quien tampoco supo ubicar donde estaba su despacho de coordinador de artes escénicas de la Diputación de Badajoz. Es desoladora la imagen que proyecta el Gobierno y su entorno familiar para los millones de ciudadanos honrados, que acuden a diario a sus puestos de trabajo para llevar las lentejas a casa. No merecen seguir ni un segundo más.
