El Ministerio de Transición Ecológica pretende mantener la estructura actual de la tarifa regulada PVPC, que se aprobó hace un año y a la que pueden acogerse todos los hogares y las empresas más pequeñas. Ello pese a que la Comisión Europea requirió al Ejecutivo español el pasado mes de diciembre una hoja de ruta para la eliminación gradual de este tipo de tarifa, con el fin de que solo sea accesible para aquellos consumidores que se consideren vulnerables o estén en situación de pobreza energética.
Bruselas busca así impulsar la transición de los usuarios hacia el mercado eléctrico liberalizado para elevar la competencia en el sector. Una adecuada iniciativa que el Ejecutivo se empeña en frenar, lo que perjudica a las empresas y a los propios consumidores.
