Madrid
Uno de los eslóganes clásicos del populismo fiscal de izquierdas es el ya conocido "que paguen los ricos". La consecuencia inmediata de esta premisa es reducir al mínimo la contribución de los más pobres al sostenimiento del gasto público. La cara más visible lo que un ciudadano contribuye es lo que paga en el IRPF. Sin embargo, en un país donde, afortunadamente, predomina la clase media, la mayor parte de los ingresos fiscales proviene de impuestos masivos, en particular del IRPF, que representa el 44,5% de la recaudación estatal.
Por eso, como adelantamos en elEconomista.es hace dos semanas, la tributación por IRPF de los trabajadores que perciben el SMI iba a ser tormentosa. La primero que uno se tiene que plantear cuando lo analiza es coherencia del planteamiento. Si el Estado obliga a las empresas a garantizar un salario mínimo, lo hace bajo una premisa social: con menos del SMI, un trabajador no puede sostenerse. Si esta lógica se aplica al ámbito laboral, resulta contradictorio que un sueldo de esta cuantía esté sujeto a impuestos, y especialmente al IRPF.
Desde ese punto de vista, también hay que señalar que cualquier perceptor de una renta reducida paga impuestos indirectos. Además, lo habitual en esos niveles de renta es que se ahorre muy poco. Esto implica que se paguen, proporcionalmente, más impuestos indirectos que los contribuyentes de renta más elevada. A todo esto, hay que añadir que todos los asalariados pagan cuotas de seguridad social. Es cierto que una cuota de seguridad social no es exactamente un impuesto, puesto que genera el derecho futuro a cobrar prestaciones como desempleo o jubilación. Pero, todo el mundo, especialmente los perceptores de menores rentas, lo que miran es el neto que llega a la cuenta corriente. Y las cotizaciones de Seguridad Social no dejan de ser pagos obligatorios que son coste para la empresa, y de los que el trabajador no puede disponer para atender sus necesidades.
Pero, si nos vamos a la realidad en España, este planteamiento de "exención del SMI en el IRPF" también tiene bastante de populismo, puesto que el SMI ha dejado de ser una renta de pura subsistencia. En 2018 era de 10.303 euros al año en catorce pagas. En estos siete años, el IPC ha aumentado un 22,5%. Si el SMI estuviese en 12.500 o 13.000 euros, unos 900 euros mensuales, no habría ninguna duda en que no se debería pagar IRPF por estas cuantías. Pero el SMI de 2025 se ha fijado en 16.576 euros, lo que supone un importante aumento del poder adquisitivo de estos trabajadores. Esto también ha supuesto un aumento del coste para las empresas, no sólo por los sueldos, sino también por las cuotas de Seguridad Social. Y esto probablemente haya hecho, como puso de manifiesto el Banco de España, que se hayan contratado menos trabajadores por el aumento del coste, tanto salarial como de Seguridad Social, de lo que hubiese ocurrido en otro caso.
Que el aumento de la capacidad económica de estos trabajadores pase a tributar de forma efectiva en el IRPF es esencialmente una decisión política. Pero esta decisión no se puede aislar de lo que le ha ocurrido al resto de declarantes del IRPF. Ni tampoco se puede aislar de la situación general de la Hacienda Pública. Por una parte, cada vez se recauda más por el IRPF. Algo de esto se debe a que hay más empleo, pero una parte muy relevante tiene su origen en la inflación. O por ser más precisos, otra parte se debe a que no se ha ajustado ni la tarifa, ni el resto de los elementos del IRPF a la inflación. Eso provoca lo que se conoce como "progresividad en frío", es decir el aumento de la cuota a pagar, y del tipo efectivo de tributación, aunque no haya aumentado, o incluso haya disminuido la capacidad económica.
Lo peor de todo es que este significativo aumento de la recaudación del IRPF no ha sido suficiente para reducir el déficit. En 2018 la Agencia Tributaria "sólo" recaudó 77.038 millones de euros por IRPF, pero el déficit fiscal total de España fue de 30.943 millones de euros. Por el contrario, en 2023, la recaudación de IRPF (sin Haciendas Forales) fue de 120.280 millones (en 2024 superará los 130.000 millones) pero el déficit fue de 52.669 millones de euros (un 3,53% del PIB). De este importante aumento de la recaudación del IRPF, y de la recaudación total del impuesto, entre un 80 y un 85% proviene de las rentas del trabajo, es decir de salarios y pensiones.
Estamos hablando de unos 23 millones de declarantes de IRPF (y también algunos más que no tienen obligación de declarar) que han pagado más, y no sólo porque algunos hayan ganado más en términos reales, sino también porque han soportado una importante subida de impuestos acumulada. El tipo efectivo medio del IRPF ha pasado del 12,7% en 2018 a superar el récord con el 14% en 2023 (nuevamente, se espera que haya subido en 2024). En estos años, ha habido más subidas de impuestos (y también alguna bajada temporal), pero todas palidecen en importe y personas afectadas con el efecto la progresividad en frío acumulada durante varios años con elevada inflación.
Los trabajadores que perciben el SMI ganan hoy un 60% más que hace siete años, lo que, pese a la inflación, les ha permitido mejorar su poder adquisitivo. Ya no estamos hablando de una renta meramente de subsistencia. Si no fuese necesario un IRPF con una recaudación tan elevada, muchas cosas podrían abordarse de otra manera. Sin embargo, si el objetivo es reducir el déficit sin aplicar recortes drásticos -lo que, evidentemente, también es una decisión política con sus propias consecuencias- los tipos efectivos del IRPF para la mayoría de los contribuyentes no pueden ser bajos. Quizás haya llegado el momento de que las rentas cercanas al SMI comiencen a tributar en el IRPF, tanto por necesidad recaudatoria como, sobre todo, por una cuestión de justicia fiscal.
Siempre es difícil ponerle el cascabel al gato, y hacer tributar en el IRPF el SMI no es una excepción. Para 2025, se estima que alrededor de 2,5 millones de trabajadores percibirán el SMI, una cifra nada despreciable. Sin embargo, a pesar del aumento del 4,4% acordado entre sindicatos y gobierno, su poder adquisitivo podría disminuir si no se modifica nuevamente el IRPF para eximirlos de su pago. De lo contrario, de los 50 euros brutos de incremento mensual (700 al año), Hacienda retendría casi el 43%, reduciendo la subida neta a unos 400 euros anuales, es decir, apenas 28 euros mensuales en 14 pagas. En consecuencia, el alza efectiva pasaría del 4,4% a solo un 2,5%, y algo menos, incluso, si se incluyen las cuotas de Seguridad Social a cargo del trabajador. No hay que ser un populista para considerar que esto, que el efecto combinado de inflación e IRPF haga perder poder adquisitivo a los que menos ganan, no es precisamente un ejemplo de justicia fiscal.
Toda esta cuestión es compleja, y no se ha explicado nada bien. Además, la justicia fiscal de esta medida sólo se entiende si se echa la vista atrás varios años, y se contempla la situación fiscal en su conjunto. Además, introducir de golpe al 43% a buena parte de los perceptores del SMI no es una buena idea, y no ha habido la más mínima propuesta intermedia, que en mi opinión hubiese sido lo deseable. Por eso, la oposición política a esta medida es muy importante. Como el coste de parchear esta situación el año pasado sólo fue una pérdida recaudatoria de unos 1.300 millones de euros, creo que finalmente se volverá a parchear total o parcialmente. Lo ideal hubiese sido una reforma fiscal integral que no olvidase ni el gasto público ni la lucha contra el fraude. Lo razonable sería abordar de una vez por todas al menos algunos de los graves problemas del IRPF. Pero, en estos momentos esperar lo ideal, o incluso lo razonable, es quizás esperar lo imposible.
