El número de demandantes de empleo con relación laboral, categoría en la que se incluyen los fijos discontinuos que se inscriben en los servicios públicos de empleo al pasar a la inactividad, llegó en enero a los 860.000.
Una cifra que supera la de afilados activos con este tipo de contrato. Un dato que despierta muchas dudas sobre la situación de estas personas y que se conoce justo dos años después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometiera a publicar la información completa sobre ellos.
Sin embargo, el Gobierno sigue incumpliendo esta promesa y, a día de hoy, la opacidad sobre esta figura contractual es la tónica dominantes. La legislación del mercado de trabajo de 2021 no la creó, pero sí la convirtió en el sustituto de los extintos contratos temporales por obra y servicio, permitiendo incluso que las empresas de trabajo temporal recurran a ellos.
Además, su exclusión de las cifras de paro despierta las dudas de que se hayan utilizado para encubrir las cifras reales de desempleo. Aunque más que a un 'paro oculto' los datos apuntan a una consecuencia de la disparada volatilidad de estos contratos que encadenan periodos de trabajo e inactividad, estos últimos sin cobrar sueldo y dados de baja a la Seguridad Social.
Por ello prefieren mantenerse inscritos en las oficinas de empleo, incluso cuando no perciben una prestación. Es decir, si se ha producido algún 'maquillaje' estadístico, este sería el de la precariedad desmedida de unos contratos que, al menos sobre el papel, se consideran indefinidos. En este escenario, el silencio de Trabajo apunta a la voluntad de silenciar uno de los grandes agujeros de la reforma laboral, sin verdadera voluntad de resolverlo.
