El número total de horas trabajadas fuera del horario habitual marcó su máximo de hace 15 años al cierre de 2024 al superar la barrera de los siete millones, según la EPA. Un dato que evidencia la elevada demanda de trabajo que existe en la actualidad, lo que es comprensible en un contexto de notable crecimiento de la economía.
Pero este repunte resulta ahora más significativo al darse en pleno debate para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una reforma para la que el Gobierno ya dio el primer paso el pasado martes al aprobar el anteproyecto de ley. Es evidente que un recorte del tiempo de trabajo elevará de forma automática el número de horas extra. Y, en consecuencia, también provocará un incremento mayor en los costes laborales de las empresas.
Un alza que llega además en mal momento, justo cuando las pymes españolas se sitúan entre las menos rentables de Europa por este factor y por las elevadas cargas fiscales que soportan. En este contexto, resulta más que lógico que una de las condiciones que puso la patronal para apoyar la reforma fuera ampliar el máximo de horas extras que se pueden trabajar. Más aún si se considera que la legislación laboral nacional es muy restrictiva en este aspecto, ya que fija un límite máximo de 80 horas anuales, cuando la media de la UE es de 150 horas.
Pese a ello, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha eludido tomar en consideración esta posibilidad y se ha limitado a imponer un recorte de la jornada sin incluir medidas que compensen el impacto negativo que la reforma tendrá en la productividad de las empresas. Resulta por ello necesario que los partidos políticos incorporen enmiendas que tengan en cuenta la realidad del mercado de trabajo y minimicen el alza de los costes laborales que las empresas sufrirán con la reforma.