El diseño de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) cumple su primer año en vigor y, con ello, el tiempo del que las empresas que tengan contratada una potencia igual o inferior a 10 kilovatios disponían para remitir un documento llamado declaración responsable.
El problema es que nadie informó a estas firmas de que debían cumplimentar este papeleo o, de lo contrario, sufrirían recargos del 20%. Las eléctricas ya están aplicando las sanciones a todos los negocios (normalmente micropymes) que no han hecho el trámite. Pese a que la medida está recogida en la legislación y, por ello, es de obligado cumplimiento, resulta inconcebible que ni Gobierno ni eléctricas se hayan molestado en advertir a las empresas antes de propinarles este sorpresivo golpe que afecta a sus cuentas.