Las bases máximas de cotización se han incrementado un 30% desde 2018. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, estaba excluida la parte del salario que superara los 3.751,2 euros mensuales en términos brutos. Pero ahora dicho techo está situado en 4.909,5. Una subida de más de 1.000 euros que no ha repercutido en una compensación equiparable en las futuras pensiones de los que perciben salarios más altos.
De hecho, esta falta de equidad ya amplia del 23% al 32% el diferencial entre la aportación de aquellos que perciben sueldos más elevados y la prestación que recibirán cuando se jubilen. Pese a ello, la reforma de pensiones Escrivá incorporó un incremento de las bases máximas de cotización (conocido como destope) y, también, una cuota de solidaridad que ha entrado en vigor este 2025 para la parte del salario que no cotiza por superar el tope máximo.
Tanto el destope como esta cuota la pagan los trabajadores y las empresas y no tiene carácter contributivo, sino redistributivo. Esto quiere decir que servirá para añadir fondos con los que abonar las pensiones sin que ello genere una mejora en la base reguladora, que calcula la futura prestación.
Por tanto, la brecha entre la aportación que realizan los que más cobran a la Seguridad Social y lo que recibirán cuando se jubilen irá a más en los próximos años. Un mayor castigo para los sueldos altos, que además será insuficiente para revertir el desequilibrio de un sistema que afronta la jubilación del baby boom sin medidas para racionalizar el gasto. Queda patente que este nuevo golpe a las rentas altas no resuelve el problema de las pensiones. Pero además de inútil, daña la atracción de talento, ya que desincentiva la permanencia de los trabajadores más cualificados.
