Como es norma habitual de la legislatura, el voto de Junts decidirá el futuro del recorte de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que impulsa Yolanda Díaz. Hace casi un año en plena negociación de la medida con los agentes sociales, las organizaciones empresariales trasladaron que Carles Puigdemont les había garantizado su rechazo a la reducción de la jornada.
Pero ahora en cambio, las patronales consideran el escenario más probable que los siete representantes de Junts en el Congreso respalden este cambio legislativo. Es cierto que en esta legislatura, las políticas de pactos son impredecibles, pero el temor de las patronales está justificado. Recientemente se comprobó con el nuevo decreto ómnibus que en el último momento Junts puede terminar salvando al Ejecutivo y apoyar una de sus medidas siempre y cuando obtenga algo a cambio. Y lo cierto es que bien podría dar su aprobación al recorte de la jornada a cambio de más cesiones en financiación para Cataluña o en materia de inmigración.
Por si fuera poco, el puente de contención que Economía había levantado frente a la medida se ha derrumbado al aceptar este Ministerio la tramitación del recorte de la jornada por vía de urgencia. El peligro por tanto de que la medida salga adelanta es real y también el riesgo de que la ya renqueante productividad de nuestro mercado laboral sufra un nuevo golpe. Ello debido a que la reducción del tiempo de trabajo sin recorte salarial elevará los costes laborales, lo que tendrá un lógico impacto negativo en la competitividad de los negocios. Es por ello preciso que si finalmente la medida sale adelante se introduzcan enmiendas durante su tramitación parlamentaria que limiten el perjuicio que la reducción de la jornada tendrá para las empresas, especialmente para las pymes.
