El Gobierno ha logrado el apoyo de Junts para sacar adelante el grueso de las medidas incluidas en su escudo social. Pero el pacto alcanzando con la formación liderada por Carles Puigdemont excluye los anticipos que las comunidades autónomas tendrían que recibir en 2025, con cargo al sistema de financiación de régimen común.
Se trata de las entregas a cuenta que constituyen la parte más importante de los recursos puestos a disposición de las autonomías para atender las necesidades más básicas de sus servicios públicos. Por tanto, la decisión de Junts de dejar fuera del acuerdo estos pagos perjudica a todas las regiones. Con todo, lo más paradójico es que Cataluña es la autonomía más damnificada, con la entrega de cerca de 2.000 millones en el aire, de un total de casi 10.000 millones.
Junts argumentó que no quiere abrir aún esta negociación con el Gobierno a la espera de debatir la nueva senda de déficit y deuda para las autonomías. Ahora bien, el castigo que Junts impone a Cataluña es de tal magnitud que existen visos de que, entre sus intenciones tiene igual o más importancia poner contra las cuerdas al Ejecutivo de Salvador Illa. Más aún ante el hecho de que el Govern inicia el ejercicio en una situación delicada al verse obligado a prorrogar los Presupuestos autonómicos. En este contexto, la actualización de las entregas a cuenta son claves para la Generalitat y para la prestación de los servicios a los catalanes. Pero este elevado perjuicio ha pesado menos que la obsesión de Carles Puigdemont de castigar a Illa al considerar que debería ser él quien ocupara el sillón de presidente de Cataluña. Queda así patente que los propios catalanes son los primeros rehenes del juego político de Junts.
