Cuando Pedro Sánchez anunciaba el pasado septiembre su intención de gobernar sin el Parlamento no sólo era un giro más en su deriva autoritaria, si no una premonición sobre su impotencia para manejar una legislatura ingobernable, su insuficiencia manifiesta para sacar adelante cualquier iniciativa legislativa, amen de otro apunte de su Manual de Resistencia para seguir durmiendo en La Moncloa aún sin capacidad ni poder de gobernar.
Afirma el director de la Fundación Alternativas, Catedrático de Derecho Constitucional y ex portavoz del Grupo socialista, Diego López Garrido, que el Parlamento es la institución más democrática de todos los poderes del Estado. "Si no funciona, si se bloquea, si no es capaz de conseguir mayorías, toda la estructura de poderes se resiente y resulta afectada".
Y eso es lo que se ha puesto de manifiesto con el varapalo sufrido en el Congreso donde el Legislativo rechazó por mayoría el impuestazo a las energéticas y ese decreto ómnibus en el que Sánchez, por cierto, ausente de la Cámara en una de las votaciones más trascendentes del año, pretendía torticeramente hacer un trampantojo metiendo en un mismo bloque medidas sociales como la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte o las ayudas a los afectados por la DANA, con la protección a los okupas o la cesión al PNV de un palacete en París que albergaba hasta ahora la sede del Instituto Cervantes.
Unas medidas sociales que pueden recuperarse de forma inmediata si el Gobierno quiere. Basta aprobarlas mediante la aprobación de nuevos decretos ley separados e individuales para cada una de ellas y con procedimiento de urgencia. Tan fácil y tan simple. O, en su defecto, votar a favor de la proposición de ley que el Partido Popular ya ha presentado en el Congreso para la subida de pensiones. Es lo que haría cualquier gobierno democrático, respetuosos con el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Pero en lugar de eso el Ejecutivo del sanchismo vuelve a demostrar que su prioridad no está en atender las demandas sociales y resolver los problemas de los españoles, sino en aferrarse al poder, acorazarse en la soberbia y dedicarse a hacer oposición a la oposición que, recordemos, ganó las elecciones.
Si ya el abuso de la vía del decreto ley es una anomalía parlamentaria, la agrupación de medidas dispares en una sola normativa legal es filibusterismo político y una muestra de podredumbre moral y democrática. Y no lo decimos sólo nosotros, recordar que el prestigioso diario The Economist acusaba el pasado mes de octubre a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo "a costa de la democracia española" aludiendo a su debilidad parlamentaria y a como el Gobierno se mueve al compás que le marcan los nacionalismos vasco y catalán con el consiguiente deterioro de las instituciones.
Como recuerda también Diego López Garrido en el sistema parlamentario español, el Parlamento "es la institución más representativa del país, al ser elegidos sus integrantes en todos los rincones de España. Si el Parlamento pierde su capacidad para dar contenido a sus importantes potestades (presupuestaria, legislativa, controladora, investigadora), la acción política se desplaza a otros poderes o instituciones de modo disfuncional".
Insistir en recuperar el decreto ómnibus rechazado mayoritariamente por la Cámara de Diputados es un acto de arrogancia impertinente, un fraude al Parlamento y una demostración de trastorno antidemocrático para anteponer el interés político y personal del Gobierno, de su Presidente y de sus socios nacionalistas a los legítimos intereses y derechos de los ciudadanos.
Y que se enteren también esos sindicatos domesticados, politizados y subvencionados en que sus actuales dirigentes han convertido a CCOO y UGT, que se dedican a servir los intereses del Ejecutivo en lugar de trabajar para, por y en favor de los trabajadores. ¡Quién los ha visto y quién los ve!
