Cuando Pedro Sánchez fue investido presidente en junio de 2018, las participaciones del Estado en cotizadas a través de Sepi, Enaira y el Frob totalizaban un valor de 21.934 millones. En la actualidad supera los 28.600 millones y alcanza los 34.000 millones si se incluye Airbus.
En parte se debe a que las firmas participadas se han revalorizado un 25% desde 2018 y a los jugosos dividendos que reparten, de los que 1.700 millones fueron a parar a las arcas públicas. Pero también ha contribuido el interés del Ejecutivo por engordar su cartera alegando motivos estratégicos. El problema está en tomar el control de las empresas, como ha ocurrido en Telefónica, sin explicar bien los motivos. La gestión privada, aunque sea con participación pública, siempre resulta más rentable.
