La duración media de los nuevos contratos (la mayoría temporales) se situó en 2024 en 45,2 días, el mínimo de la serie histórica que se remonta a 2006 y 8,1 jornadas menos que antes de la aprobación de la reforma laboral.
El cambio legal ha aflorado las condiciones de muchos puestos de corta duración que antes quedaban ocultos bajo la categoría de eventuales de duración indeterminada, en su mayoría contratos por obra y servicio. Y esa mayor transparencia vuelve a poner el foco sobre el problema de la mala calidad del empleo temporal en nuestro país, inferior a la del resto de Europa.
La reforma ha reducido el número de estos empleos, sin duda, pero no se puede decir que haya mejorado las condiciones de los contratos que se firman, pese a que la norma incluía medidas orientadas a reducir esta precariedad. Un problema sin resolver teniendo en cuenta que siguen suponiendo seis de cada diez de los contratos realizados en nuestro país.
Sin embargo, esta tendencia no arranca con la reforma laboral ni se explica por los últimos cambios. Desde 2006, se registra una caída acumulada de 33,9 días, especialmente intensa en la construcción y, sobre todo, la industria. Se trata de un claro síntoma de un empeoramiento de la actividad en el sector considerado más productivo y de mayor valor añadido, una tendencia que ni la recuperación tras la Gran Recesión ha logrado revertir. La debilidad de esos pilares económicos y el trasvase de su peso en el PIB y en el empleo a los servicios y, sobre todo a las actividades eventuales, ha tenido un impacto demoledor en la estabilidad efectiva del empleo. Pero también en la capacidad de la economía española de arrancar un motor económico lastrado desde hace años y revertir así la situación.
