Tal y como prometió a sus socios de izquierda (Podemos, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG), el Ejecutivo prorrogó el gravamen a las energéticas. Para ello, aprobó un Real Decreto-ley el pasado 23 de diciembre con el fin de extender el tributo un año más, para que afecte al presente 2025. Pero con la publicación en el BOE de la medida no es suficiente.
Para lograr sus objetivos, el Ejecutivo tiene apenas 30 días para convalidar en el Congreso la normativa. Algo que se presenta imposible de lograr debido a la firme posición contraria a la tasa de PNV y Junts. Sin estos apoyos, el impuestazo decaerá antes de que acabe enero. Para evitarlo, el Gobierno ha introducido un cambio de calado en la redacción del decreto publicado en el BOE. Se trata en concreto del retraso de febrero a junio de la obligación de las empresas de realizar el primer pago del tributo (el segundo se mantiene en el mes de septiembre).
Con este demora, el Ejecutivo evita tener que devolver el pago a las empresas más los intereses en caso de que la tasa finalmente decaiga. Tira así la toalla y reconoce que carece de los apoyos necesarios para sacar adelante en el Congreso el conocido como impuestazo. Pero a cambio, gana cinco meses de margen para tratar de obtener los apoyos de Junts y PNV. En ese tiempo, el Ejecutivo tratará de tramitar la tasa como proyecto de ley. Una conversión que permitiría que fuera concertado con las haciendas forales, que es un objetivo que persigue el Más complicado se presenta la posibilidad de conseguir que Junts apoye un gravamen que hasta el momento rechaza Junts para no perjudicar las inversiones en renovables en Cataluña. Sea como sea, esta maniobra le da un tiempo extra al Ejecutivo para negociar un injusto gravamen al que aún no se le puede dar por muerto.
