La realidad económica de la que España disfruta sería inexplicable sin la llegada de mano de obra extranjera desde finales del pasado siglo.
Hasta el extremo de que 12% del crecimiento del PIB de nuestro país en la última década debe atribuirse a la inmigración. El reconocimiento de estas cifras, sin embargo, no justifica discursos irresponsables como los propios de Sumar y Podemos, partidos que abogan por regularizaciones masivas en el año que Europa, y España en especial, vivieron una de las peores crisis en sus fronteras de los últimos años.
Frente a toda demogogia, debe reconocerse que la inmigración continuará siendo un fenómeno económico positivo solo si se regula según las necesidades del mercado de trabajo y a la capacidad de asimilación de la sociedad.