Los agentes sociales firmaron a mediados de 2023 el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectivo (AENC). Un documento que debería ser la punta de lanza para reimpulsar la firma de convenios colectivos tras años en los que estos pactos habían estado congelados por la pandemia y la crisis de la inflación.
Pero un año y medio después dichos acuerdos entre empresas y trabajadores que regulan las condiciones laborales en los sectores siguen sin tomar velocidad de crucero. A ello contribuyen especialmente los bandazos dados por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en materia laboral con infinidad de anuncios sobre medidas concretas que no terminan de concretarse. Es el caso de la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido o la nueva subida del SMI. Díaz prometió tener aprobadas las dos primeras medidas en este ejercicio, pero a la vista así que no ha logrado sus objetivos. A ello ha contribuido la propia debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Pero también la propia actuación de la vicepresidenta del Gobierno que en su objetivo de excluir a los empresarios de acuerdos claves para las empresas ha lastrado el diálogo.
Las mesas de negociación de los sectores o empresas abordan fundamentalmente dos aspectos, los salarios y la jornada, y ambos se ven afectados por la incertidumbre que la propia Díaz se ha encargado de impulsar. Ante esta situación, los agentes sociales muestran dudas respecto a los convenios que se podrán sellar en el próximo ejercicio. Una incertidumbre lógica ya que los bandazos de Trabajo impiden a las empresas y los sindicatos tener claro el terreno de juego en el que centrar unas negociaciones de la que depende el bienestar de los trabajadores.