El Gobierno estudia recuperar las indemnizaciones que cobraba al sector farmacéutico cuando el crecimiento de la factura en medicamentos era superior al impulso del PIB. Esta medida se firmó en 2015 y persistió hasta la pandemia.
Del tiempo que estuvo en vigor, solo en 2018 y 2019 se produjo un alza del gasto farmacéutico mayor que el propio de la economía. Esto provocó que las empresas tuvieran que devolver al Estado 452 millones. Es cierto que esta medida es positiva con el objetivo de racionalizar los desembolsos públicos en fármacos en un momento de envejecimiento de la población, lo que implica mayor opciones de que haya pacientes polimedicados.
Pero también es verdad que, como las empresas defienden, supone una penalización injusta con una industria que, desde luego, no es responsable de la evolución demográfica del país. Por si fuera poco, Sanidad también baraja ampliar el impacto de la normativa actual por la que se permite al Gobierno quedarse con el 2% de la facturación de una compañía farmacéutica si esta supera los 3 millones en ventas.
Hasta ahora, la ley solo afecta a los ingresos que los laboratorios obtienen a través de las farmacias, pero la intención es extenderlo a los que perciben por los hospitales. Ambas medidas suponen un claro desincentivo a la inversión en un sector puntero en innovación y generador de empleo de calidad. Una industria formada mayoritariamente por multinacionales extranjeras sin arraigo en España que tendrán pocos reparos en llevarse sus inversiones a países que sean fiscalmente más amables.
En última instancia, las normativas en las que trabaja el Gobierno son incongruentes con su recién presentada Estrategia Farmacéutica, un documento con el que precisamente buscan atraer inversiones.