El número de demandantes con relación laboral, categoría en la que figuran los trabajadores con contrato fijo discontinuo que han pasado a la inactividad, se ha elevado en más de 550.000 personas desde la entra en vigor de la reforma laboral, hasta alcanzar 780.000 en noviembre.
Un alza que lleva a estos desempleados ocultos a multiplicar por 3,4 su número. Una cifra que podría sumarse al dato de parados contabilizados en las estadísticas del SEPE. Con ello, se disparan las dudas sobre si los fijos discontinuos están siendo utilizados para maquillar una cifra de desempleo que sería más alta si estos trabajadores fueran eventuales.
Hay que recordar que estas personas inactivas ni trabajan ni perciben salario. Asimismo, las empresas no cotizan por ello, ya que la relación laboral solo se considera vigente por el compromiso de llamamiento. Sus únicos ingresos son la prestación por desempleo, que apenas perciben un 15% de los inscritos. Estos datos confirman la elevada precariedad de una figura contractual que ha perdido buena parte de su naturaleza con la reforma laboral. Si antes se vinculaban a empleos de temporada o estacionales, su uso se ha ampliado hasta el punto de que incluso las ETTs pueden aprovecharlos.
Ante este escenario, sorprende la opacidad del Ministerio de Trabajo, cuando hace dos años Yolanda Díaz prometió publicar información clara sobre la situación de este colectivo. Un compromiso olvidado que incita a pensar que ni siquiera el Gobierno es consciente de este efecto colateral de su reforma, la merma de calidad de unos empleos considerados indefinidos. En este sentido, urge no solo depurar los datos sino presentar respuestas directas para sacar del laberinto de precariedad a estos trabajadores, que en gran parte del año, ni siquiera pueden trabajar.