Hacienda planea cubrir el extra de ingresos tributarios del 0,2% del PIB que Bruselas pide para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales, reduciendo algunos beneficios fiscales. Se trata de la eliminación de la declaración de la renta conjunta de los matrimonios, la reducción del límite exento del pago del IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, o la supresión del tipo reducido al 1% de las sicav.
Unas medidas que el Gobierno desveló en su plan fiscal estructural que envió en octubre a la Comisión Europea y con las que podría añadir 4.200 millones a la recaudación anual. Es cierto que el Ejecutivo no vuelve a estudiar nuevas alzas de impuestos sino que trata de limitar algunos beneficios impositivos. Pero sería un error minusvalorar este tipo de medidas ya que su impacto negativo es muy similar al que tiene lugar con las alzas impositivas.
Buena muestra de ello está en los planes individuales de pensiones. Un vehículo de ahorro a largo plazo al que desde 2020 se le han rebajado sucesivamente los límites de deducciones fiscales (de 8.000 a 1.500 euros). Recortes que han provocado que desde entonces los ahorradores hayan reducido en más de 10.500 millones sus aportaciones en el llamado tercer pilar de las pensiones. Esta caída evidencia el negativo impacto que provocan las medidas encaminas a restar atractivo fiscal.
Pese a ello, el Ejecutivo baraja ahora ahondar en este equivocado camino con iniciativas que salvo en el caso de las socimis, amenazan a un gran número de contribuyentes. Queda así patente que en vez de aprovechar los continuos récord de recaudación para racionalizar el gasto público, el Gobierno prefiere que sigan siendo las clases medias las que paguen el cumplimiento de las reglas de estabilidad.