El pacto de última hora que el Gobierno arrancó en la noche del lunes a BNG, Bildu y ERC recupera el impuesto a la banca que el Ejecutivo acordó con Junts. Además de extenderlo hasta 2027, el nuevo impuestazo se endurece para las entidades con mayores márgenes de intereses y comisiones, es decir, los bancos con más beneficios. Así, añade un nuevo tramo a partir de 5.000 millones de base imponible que pasarán a estar gravadas a un tipo del 7%, cuando la propuesta inicial marcaba el tope en el 6% para aquellas bases mayores a 3.000 millones.
Con este cambio, Junts y el PSOE salvan a bancos medianos como Sabadell del alza de la tasa, ya que solo CaixaBank,Santander y BBVA superan dicho límite. Pero más allá de este cambio, la realidad es que la vigencia de este tributo (y también el energético) carece de justificación. Es más que obvio que el ciclo de bajadas de tipos en la eurozona que arrancó en el verano ya reduce las supuestas ganancias extraordinarias para la banca que sirvieron de argumento para implantar el tributo en 2022. Un castigo que ya fue injusto entonces ya que llegó tras más de una década de tipos al cero que laminó la rentabilidad del sector. Pero que ahora se convierte en injustificable ante la normalización de la política monetaria. Pese a ello, todo apunta a que el Ejecutivo extenderá esta injusta tasa que generará 1.695 millones en 2024. Una recaudación extra a la que el Gobierno no quiere renunciar aunque esto tenga un alto coste para la economía. Tanto es así que las patronales bancarias fijan en 50.000 millones la merma que en la capacidad de financiación de las entidades tendrá la permanencia de tributo. Cifra que evidencia el daño que para la industria, la actividad y la economía en su conjunto tendrá la prórroga del impuestazo.