Tras vincular los Ertes por la DANA a la prohibición de despedir y obligar a las empresas a pagar las nóminas de sus empleados pese a que estos no puedan acudir a trabajar, Yolanda Díaz desplegó la Inspección de Trabajo en Valencia para vigilar que se cumple la ley laboral. Una estrategia de acoso a unos negocios en ruinas por el impacto del temporal que ya está dando resultados.
Así, la propia vicepresidenta parece enorgullecerse de que su departamento ya tramite 106 expedientes abiertos a empresas por presuntos incumplimientos de la normativa vigente al considerar que han puesto en riesgo la salud y las condiciones de sus trabajadores. En vez de ayudar a los afectados, incluso sobre el terreno como sí han hecho las propias empresas y miles de voluntarios, Díaz sigue obsesionada con criminalizar y castigar a empresarios, que en muchos casos lo han perdido todo.