El Gobierno aprobó el lunes un segundo paquete de ayudas por valor de 3.765 millones por el impacto de la DANA, que se sumó al de la pasada semana dotado con 10.609 millones. En total, 14.373 millones para paliar el impacto que para los hogares y las empresas ha supuesto una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España.
Pese a la magnitud de la cifra, la realidad es que el 40% de esa cantidad se articula a través de créditos, aplazamientos fiscales o moratorias crediticias, que exigen un compromiso de pago a futuro por parte de los solicitantes. Es decir, que cerca de la mitad del dinero concedido exigirá ser reeembolsado al Estado.
Asimismo, solo 1.883 millones se pueden catalogar como ayudas directas a fondo perdido, ya que el grueso del dinero desplegado corresponde a pagos del Consorcio de Compensación del Seguro o créditos ICO. Queda así patente que el importante esfuerzo que el presidente Pedro Sánchez ha vendido como respuesta a la DANA no es tal y que parte de las ayudas habrá que devolverlas, además de ser escasas. Tanto es así que la Generalitat Valenciana cifra en 31.000 millones el dinero que se necesitará para compensar los daños.
Por si fuera poco, las empresas siguen siendo el colectivo que menos auxilio económico percibe, pese a que muchas han visto como el temporal las ha dejado sin nada. Es cierto que el Ejecutivo ha ampliado el foco de negocios afectados al permitir que empresas y autónomos sin domicilio fiscal en las zonas arrasadas por las inundaciones acedan a créditos ICO. También eleva hasta 150.000 euros la ayuda directa para las pymes. Pero se trata de mejoras insuficientes criticadas por las patronales que, con razón, se quejan del limitado montante de ayudas frente a la DANA.
