El Gobierno aplazó ayer por segunda vez el debate y la posterior votación sobre la reforma fiscal que introdujo con enmiendas a la ley sobre el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Un nuevo retraso provocado por la imposibilidad de conseguir todos los apoyos necesarios en el Congreso, después de pactar con Junts la retirada de la tasa temporal a las energéticas, y reformar junto al PNV el tributo a la banca.
Estos cambios han impedido el apoyo a la reforma de otros grupos que también eran imprescindibles para su aprobación, como ERC, Podemos o Bildu. Todo lo acontecido con esta reforma vuelve a poner de relieve la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que ha dado lugar a una legislatura marcada hasta ahora por una clara parálisis normativa. No en vano, el presente ejercicio es en el que menos leyes se han aprobado de la Democracia.
Pese a ello, la vicepresidenta María Jesús Montero ve aún margen para alcanzar un acuerdo de mínimos con la reforma fiscal en los próximos 3 días. Es cierto que sacar adelante el impuesto a las multinacionales es bastante posible, ya que hasta el PP podría apoyarlo. Pero las grandes diferencias que existen entre los socios de investidura minimizan las opciones de que el Ejecutivo logre apoyos para aprobar una reforma fiscal descafeinada, que al menos incluya el tributo a la banca y el alza del IRPFal ahorro, que es el objetivo que Montero persigue.
Persiste por tanto el riesgo de que una normativa comprometida con Bruselas para acceder al quinto pago de los fondos Next Generation y que, además, sustenta la senda de reducción de déficit y deuda en España, descarrile tras esta nueva patada adelante que ha recibido en el Congreso.