El Gobierno despliega la primera fase de un cuantioso plan de respuesta a los efectos de la DANA dotado con 10.600 millones. Pero liga la futura reconstrucción de las zonas devastadas a los Presupuestos de 2025, lo que supone presionar al PP cuando podría pedir dinero a la UE.
Además de esta vinculación política, las empresas tienen dudas respecto a los condicionantes que el Ejecutivo pueda incluir para acceder a las ayudas. A ello contribuyen medidas como los Ertes, Trabajo condiciona estos expedientes de regulación a la prohibición de despedir, pese a que la DANA ha arrasado las instalaciones de muchas empresas. Por si fuera poco, la tradicional lentitud a la hora de desplegar las ayudas, como se vió en La Palma donde aún las esperan, elevan aún más las dudas respecto al plan del Gobierno.