Esta semana, en Andalucía, Castilla La Mancha, y especialmente en Valencia, han padecido la gota fría más devastadora en varias décadas. Como todos los lectores, estoy consternando ante el horror que han padecido nuestros compatriotas, y sólo puedo comenzar estas líneas dando un mensaje de condolencia a las familias de los fallecidos y de ánimo a todos los afectados.
Lo peor de esta catástrofe se fue conociendo el pasado miércoles, en el que había actividad parlamentaria. Finalmente, se suspendió el pleno de control, pero no el de convalidación del Real Decreto Ley que modificaba los órganos de gobierno de la corporación Radio Televisión Española. Tampoco se aplazó el límite de presentación de las enmiendas al proyecto de ley de creación de un tipo mínimo del 15% para grandes multinacionales, que vencía el miércoles 30 de octubre a las seis de la tarde. Las diversas enmiendas de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, de aprobarse, supondrían, en términos generales, una importante subida de impuestos.
Hoy me voy a centrar en una sola enmienda, la número 72 del grupo socialista, porque es la que afectará a más contribuyentes, y es la equiparación de la fiscalidad del diésel con la gasolina. Actualmente, cada litro de gasóleo no bonificado paga, en concepto de impuesto especial, por las dos tarifas a las que está sometido, 37,9 céntimos. Si la enmienda, pactada en principio con PNV y Junts, sale adelante, el impuesto especial, por ambas tarifas, pasaría a ser de 47,27 céntimos por litro. Esto supone una diferencia de 9,37 céntimos. Además, el conductor cuando llena su depósito también paga el IVA, y en la base de este IVA, por exigencia de las directivas europeas, está incluido el impuesto especial. Esto supone, adicionalmente, un 21% adicional. En total, la carga fiscal adicional de cada litro de gasóleo será de 11,34 céntimos.
Las consecuencias de esta subida del impuesto serán un gasóleo más caro para los consumidores y para la mayoría de las empresas (las que no sean beneficiarias del gasóleo profesional). Esta subida supone más inflación, tanto directamente por consumir un gasóleo más caro, como también por suponer un mayor coste energético que las empresas acaban repercutiendo a los consumidores. Recordemos que la inflación, aunque se ha ido reduciendo sigue estando por encima del objetivo del 2% y que esta medida, a corto plazo, va en la dirección contraria.
Ahora mismo, el precio del petróleo, y, en consecuencia, el litro de gasóleo no está en máximos. Pero, no es descartable, desgraciadamente, que la situación geopolítica se complique aún más. Por ejemplo, si el conflicto en Gaza y Líbano se convirtiese en una guerra abierta entre Israel e Irán, la producción y el tráfico de petróleo se verían afectados. Por el estrecho de Ormuz pasa casi el 40% del petróleo que se consume en el mundo. Si se diese una situación así, que la enmienda establece en que el precio del gasóleo exceda de los dos euros el litro durante dos meses, entonces la subida del impuesto especial sólo sería de 4,3 céntimos (más el 21% de IVA). Esperemos que no se llegue a una situación como esa, en lo peor de la crisis energética anterior, pero en la que no se llegó a esos límites, no sólo no se subió el impuesto especial, sino que se estableció una bonificación de 20 céntimos por litro.
Según la estadística de la Agencia Tributaria (que no incluye el País Vasco y Navarra), en 2023 se consumieron 21.451 millones de litros de gasóleo no bonificado. Por lo tanto, la subida de impuestos se podría cuantificar en unos 2.430 millones de euros brutos entre impuesto especial e IVA, aunque también se incrementará la devolución por gasóleo profesional, para las empresas y autónomos que tengan derecho. El aumento neto de recaudación excederá, con seguridad, de los 1.500 millones de euros, y probablemente es la subida de impuestos más importante de las que se plantean. Y, desde luego, la que percibirán más los ciudadanos.
Para un conductor promedio, cada vez que llene su depósito de 50 euros le tocará pagar casi 6 euros adicionales de impuestos. Conviene aclarar que algo más de la mitad del parque automovilístico en España es de motorización diésel, estamos hablando de casi 13 millones de vehículos, y más de 10 millones de propietarios, conductores (y contribuyentes). Quizás esto afecte, marginalmente, a algunos superricos, aunque no a los que tengan un Lamborghini, porque todos los modelos de la marca son de gasolina.
Este aumento de impuestos, la equiparación de la fiscalidad del diésel con la gasolina era, efectivamente, una recomendación del último comité de personas expertas para la reforma fiscal en 2022. Pero, pese a que seguimos padeciendo tensiones inflacionistas, aquí, a diferencia de lo que proponía el comité, se pretende una equiparación inmediata en la fiscalidad del gasóleo y la gasolina. Sin embargo, hay que ser conscientes de que es una reforma claramente regresiva, sin que se tomen en paralelo, ningún tipo de medidas para compensar o paliar sus efectos. Para visualizarlo con claridad, para un fontanero o un obrero con una furgoneta diésel, esta subida de impuestos le pueden suponer 250 o 300 euros más de gastos al año, si tiene que llenar el depósito semanalmente. Sin embargo, una persona de elevados ingresos con uno o, incluso varios, automóviles eléctricos o de gasolina, no se ve afectada.
Habría que replantearse la fiscalidad de la energía para avanzar en la transición ecológica, pero habría que hacerlo globalmente y de forma gradual. También sería deseable reducir en lo posible los efectos muy negativos en la equidad. En estas enmiendas, no sólo destaca el aumento de la fiscalidad del gasóleo, sino también que no se prorrogue el gravamen temporal a las empresas energéticas. Si ambas cuestiones prosperan, cuestión que no está del todo clara, porque el Grupo Parlamentario Sumar sí mantiene la prórroga al gravamen energético en sus enmiendas, entonces las cuentas enviadas a la Comisión Europea no se verían afectadas, porque lo que se deja de recaudar del gravamen energético se obtiene del aumento del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo.
Como todo, este planteamiento también tiene ventajas. Hay que ser conscientes de que los dos gravámenes temporales sobre bancas y energéticas permiten obtener recaudación, pero perjudican, y mucho, las inversiones. Si la rentabilidad de la inversión en España disminuye, el crédito concedido por la Banca, y las inversiones a realizar por las empresas energéticas se reducirán, bien porque no se harán o bien porque se realizarán en otros lugares. El crédito bancario a las pymes es, además, su principal fuente de financiación para que estas empresas inviertan. En España, tenemos un problema grave con nuestro nivel de inversiones, especialmente en investigación y desarrollo, en transición ecológica, y en vivienda. La transición ecológica exige una renovación del stock de capital, por ejemplo, sustituir gasolineras por puntos de recarga eléctricos. Por eso, creo que no prorrogar el impuesto energético es una buena idea, y el de la Banca sí se mantenga, no me parece una buena noticia. En lugar de parches temporales y por sectores, lo que necesitamos es una reforma en profundidad del impuesto de sociedades.
En próximos artículos iré comentando las demás novedades que se incorporarán al proyecto de ley sobre el tipo mínimo del 15% a las grandes empresas, que se ha convertido en una mini-reforma fiscal con un objetivo fundamentalmente recaudatorio. En sí, esto no es negativo, siempre que esta recaudación se emplee adecuadamente. Piensen sólo en toda la ayuda que ha llegado a Valencia, por ejemplo, de la Unidad Militar de Emergencias, y de todos los demás servidores públicos que han ayudado en los rescates, y que seguirán colaborando en la reconstrucción de lo muchísimo dañado. Esa imprescindible solidaridad se paga con impuestos, que son el precio que pagamos por la civilización siempre, pero más aún ante las catástrofes.
