En los últimos 15 años, la banca ha sido el sector que más ha recurrido a las prejubilaciones como vía de ajuste de sus plantillas. Algo comprensible habida cuenta del proceso de reestructuración que el sector ha vivido a raíz de la crisis financiero de 2008.
Pero esta práctica no le ha salido gratis a las entidades. Muy al contrario, un estudio de Adecco desvela que por cada trabajador que se prejubila, las entidades han tenido que pagar entre 90.000 y 100.000 euros al Tesoro. Ello debido a la norma que entró en vigor en 2013 por la que se obligó a las empresas con beneficios que despidieran a mayores de 50 años a realizar una aportación económica a las arcas públicas para compensar el gasto que las prejubilaciones suponen al SEPE. Dicha legislación se conoce popularmente como la cláusula Telefónica, ya que fue un despido colectivo de esta teleco de 6.500 trabajadores en 2011 lo que dio pie al Gobierno de entonces a impulsar una norma por la que el Estado ha reclamado un total de 983 millones entre 2013 y 2022. Las prejubilaciones suponen un coste anual de 4.000 millones para la Seguridad Social por lo que la existencia de esta norma está justificada.
Ahora bien, la cláusula Telefónica evidencia el alto coste que la banca ha abonado por recurrir a esta fórmula en el pasado. Se demuestra así que lejos de lo que el Gobierno asegura, el sector financiero no le debe favores a nadie, ya que no recibió ayuda alguna cuando en la pasada década tuvo que acometer continuos procesos de ajuste para sobrevivir al largo periodo de tipos al 0%, que dañaban su rentabilidad. Por dicho motivo, la intención del Gobierno de convertir en permanente la tasa temporal al sector justo cuando los tipos vuelven a caer supone un castigo aún más injustificable.
