Lo siento, pero tengo que desahogarme con alguien, y qué mejor que hacerlo con ustedes. Si mis cálculos son correctos, el próximo 24 de noviembre se cumplen dos años desde que se inició una determinada inspección autonómica con relación al Impuesto sobre el Patrimonio. El tema estrella es determinar qué parte de la tesorería que la empresa tiene, es o no necesaria para su actividad. No es una broma. Es una triste y patética realidad.
Les pongo en antecedentes. Se trata de una empresa familiar, de las que lo son de verdad, que desde hace ya varias generaciones se dedican a una determinada actividad. La tesorería a la que me refiero, procede de los flujos de caja propios de su actividad. No se trata, por tanto, de beneficios extraordinarios, ni de ingresos especulativos, ni de ningún otro concepto similar.
La empresa no es propietaria de ningún activo susceptible de uso particular por parte de los socios. Vaya, que no tiene en sus balances ningún "casoplón", ningún "Lamborghini", ningún "yate Bribón", ni ningún "Rolex" de oro. Tiene, tan solo, lo que cualquier empresa necesita para gestionar su actividad.
Se trata, además, de una empresa cuya política es no endeudarse, sino autofinanciarse. Por eso tiene la tesorería que tiene. Normal, ¿no? Pues no. Ya lo verán. Además, esta empresa familiar ha pagado a los bancos intereses por tener la tesorería depositada en cuentas corrientes puras y simples. Sí, no es una equivocación. Ha pagado. Vaya, que no se ha invertido en activos financieros ni se ha especulado con ella. Nada. Se trata de tesorería pura y dura.
Sorprendente, sí, pero la empresa sufrió hace años una dolorosa experiencia que pudo representar su quiebra. De ahí, su política ultraconservadora. La empresa gestiona, pues, la tesorería como un recurso empresarial más, y no como un mero recurso financiero. Vaya, que no hace lo que haría un ahorrador privado, sino lo que se le exige a un empresario diligente y prudente. No especula, pues, con su tesorería.
Y esto no es todo. La empresa sigue al pie de la letra los manuales más tradicionales de economía y distribuye dividendos cada año por un importe equivalente a un tercio de sus benéficos anuales. Vaya, que no remansa tesorería por remansar. Les he de confesar que es la única empresa que conozco que sigue paso a paso lo que hace ya muchos años mis maestros me enseñaron en la Universidad. ¿Se acuerdan de aquello de un tercio para Hacienda, un tercio para los accionistas, y un tercio para la propia empresa? Pues eso.
Por si fuera poco, la empresa destina también cada año una parte de su tesorería a proyectos de I+D, a inversiones productivas recurrentes, y a proyectos sociales vinculados con su objeto social. Se trata de aquello de la responsabilidad social corporativa. Su política conservadora le permite también ser mucho más competitiva. Obvio, ¿no?
Le permitió, también, superar el COVID sin tener que adoptar ninguna medida drástica más allá de paralizar sus proyectos en marcha. ¿Recuerdan aquel marzo del 2020? Pues parece que la inspección no. Me dicen que a muchas empresas les fue bien.
La empresa se enfrenta hoy a grandes retos, como mejorar su eficiencia energética, afrontar la digitalización, o internacionalización, y un largo etcétera. Pero nada. Eso tampoco cuenta. Está inmersa, además, en un nuevo proceso de relevo generacional. No sigo. Creo que es ya suficiente para explicarles lo que les quiero explicar.
¿Cuál es el "pecado" fiscal de la empresa? Ser conservadora. Esta es la respuesta. ¿Cuál es el premio? Pues pagar más impuesto sobre el patrimonio. Pero lo cierto, es que no hay ningún indicio objetivo, ninguno, para concluir razonablemente que la empresa gestiona su tesorería de forma especulativa. Vaya, como si fuera un gestor de patrimonios. Al contrario.
Sin embargo, la inspección autonómica considera que una parte de esa tesorería no es necesaria. Sí, como lo oyen. La inspección hace de empresario por un día y le dice al empresario cuál es el importe de tesorería que necesita para su actividad. No obstante, la ley no dice eso. Vaya, que el espíritu del legislador no es ese. Es otro. Claro, en mi opinión. Pero recuerden que quien tiene la razón es siempre quien manda. Y quien manda ya saben ustedes quien es.
En mi modesta opinión, el legislador, no solo español, sino también europeo, pretende proteger la continuidad de las empresas familiares mediante una exención de aquellas empresas que cumplan determinados requisitos.
Se excluyen, pues, de la exención los activos que no se destinan a una actividad empresarial, y/o aquellos que no son necesarios para la gestión de la empresa.
Vaya, que lo que se pretende proteger son, para entendernos, los activos productivos. Pues bien. Después de casi 2 años, DOS, de inspección, aportando informes financieros, ratios, informes de auditoría, actas del Consejo, y todo lo que puedan imaginar y más, resulta que una parte de la tesorería de esa empresa no está afecta a la actividad. Vaya, que no es necesaria. Es ociosa.
Interpretaciones así son, sin duda, un excelente incentivo para trasladar el domicilio a alguna Comunidad Autónoma que entienda bien el sacrifico que representa innovar, investigar, proteger el empleo, crear riqueza, profesionalizarse, internacionalizarse, crear valor, y un largo etcétera, incluido el relevo generacional.
Total, que más vale consumir, que ser conservador.
Como Forges diría, ¡País!
