El fenómeno de las estafas inmobiliarias está presente de forma diaria en los medios de comunicación hasta el punto de que nos hemos acostumbrado, por desgracia, a escuchar todos los días desagradables situaciones que sufren los consumidores en los diferentes planos del sector inmobiliario y la vivienda, tanto en el alquiler como en la compraventa. Inmuebles que no existen, casas aparentemente disponibles, proyectos inmobiliarios ficticios, y una miríada de situaciones en las que se afecta a la posesión, a la propiedad y al patrimonio económico de miles de personas que no tienen más remedio, en el mejor de los casos, que acudir a los tribunales. Porque esta realidad es tan amplia que, lamentablemente, hay un buen número de supuestos que no pueden obtener una defensa jurídica óptima.
Las nuevas tecnologías, como no podía ser de otra manera, están jugando un papel acelerador de este escenario, que motiva una reflexión hacia un horizonte de establecer limitaciones, cortafuegos y garantías jurídicas para el conjunto de la sociedad. Para hacerse una idea de los parámetros en los que nos estamos moviendo, a nivel global, el número de infracciones penales detectadas a través de estafas informáticas ascendió a 426.744 en 2023, que supone el 90,7% de toda la cibercriminalidad, según datos del Ministerio del Interior, que recoge datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de policías autonómicas y locales. En España todavía estas cifras no están desagregadas para el sector inmobiliario. Pero tenemos algunas concretas. En el ámbito del alquiler vacacional, se alcanzaron las 1.680 estafas en 2023, aumentando un 4% respecto a 2022. Otra estimación publicada es la recogida por el Área Central de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra, en Cataluña, que apuntan la comisión de 4.000 estafas inmobiliarias al año en esta autonomía.
Por parte de la Fiscalía General del Estado, donde las estadísticas han computado todos los procedimientos por ciberdelitos registrados por la Fiscalía, ofrece como resultado en 2023 que en los delitos informáticos contra el patrimonio y orden socioeconómico los delitos de estafa y defraudación cometidos a través de las TICs ascendió a 19.464, lo que representó el 82,87% de todos los procedimientos judiciales incoados y de hecho el más numeroso.
En las prácticas criminales que afectan a la vivienda, normalmente se encuentran los tipos delictivos de estafa, falsedad en documento privado o apropiación indebida. Y la casuística acontece tanto para la supuesta adquisición de la vivienda en propiedad como para el alquiler, éste último sea de vivienda habitual o vacacional. Y lógicamente no solo a través de canales digitales o Internet. Por supuesto, no quiero eludir la referencia a las malas prácticas profesionales, como el cobro de honorarios excesivos, indebidos conforme a la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda o incluso irregularidades en el campo de la protección de datos.
La jurisprudencia en este ámbito también se ocupa con frecuencia de ofrecer criterios para futuros pronunciamientos. Debido a la influencia de las nuevas tecnologías y la digitalización en la actuación criminal, cada vez más sentencias se ocupan de esta realidad. Habría que destacar una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que en la realización de ofertas falsas de pisos por Internet ha agravado la comisión del delito de estafa, y por ello tendrá una mayor pena, por "utilizar un medio que permite una amplia difusión, como es Internet, para realizar la estafa del falso alquiler". La sentencia de 19 de junio de 2024 de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha considerado como estafa agravada las ofertas falsas de pisos por Internet porque la "necesidad de la búsqueda de una vivienda en alquiler a un precio asequible provoca el descenso de las medidas de autoprotección por las víctimas, causando graves perjuicios en personas que confían en la veracidad de la oferta y la realidad del inmueble".
Hoy en día desde los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria nos enfrentamos como David ante este Goliat que impacta y desestabiliza a miles de consumidores en nuestro país. Tenemos un régimen deontológico, los agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados o asociados están muy especializados y contamos con herramientas formativas para dar soporte a quienes demandan formación en el sector inmobiliario. Pero necesitamos algo más, no solo porque los profesionales también necesitan más garantías, sino porque los consumidores están desprotegidos. Por este motivo hay que introducir medidas legislativas que contemplen de alguna forma la actividad profesional de la intermediación. Ello nos permitirá, además, colaborar con la Administraciones Públicas de una forma más eficaz, ya lo hacemos a través de nuestra actividad pericial en los tribunales de Justicia, pero podríamos ser un apoyo más explícito y cercano al inmenso y gran trabajo que en el campo criminal ya desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.