El Gobierno presenta a Bruselas su senda de estabilidad de los próximos años para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos por las reglas fiscales de la UE. Una hoja de ruta con la que promete reducir el déficit al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027, y al 0,8% ya en 2031.
En cuanto a la deuda, el objetivo es dejarla por debajo del 100% en tres años. Para lograrlo, el Ejecutivo no seguirá las recomendaciones del Banco de España o de la AIReF, que pedían acometer el plan desde el ajuste fiscal. Muy al contrario, prolongará la fiesta del gasto público, con un alza promedio del 3%, unos 6.000 millones al año, hasta 2031, fiando el cumplimiento con Bruselas al impulso de los ingresos. Un incremento que confía conseguir por el crecimiento del PIB y a través de una reforma fiscal difícil de aprobar en el Congreso, que se basará en subidas de impuestos.
De hecho, el plan de estabilidad incluye hacer permanentes las tasas a banca y energéticas, pese a que la situación excepcional por la que se impusieron ya no existe. Pero más allá de confirmar la prolongación de los conocidos como impuestazos, el Ejecutivo elude dar nuevos detalles de una reforma fiscal que estima clave para cumplir con la UE. Esto resta credibilidad a una senda de estabilidad que corre el riesgo de ser papel mojado por la debilidad parlamentaria del Gobierno.
No en vano, la falta de apoyos en el Congreso pone en duda sacar adelante una iniciativa tan ambiciosa como una reforma fiscal en tan solo dos meses, sin contar siquiera con el respaldo de unos Presupuestos de 2025. En última instancia y a falta de conocer los detalles concretos del plan, se echa en falta un recorte del gasto en vez de apoyar el ajuste fiscal en una senda alcista de ingresos y un alza de impuestos negativa para la economía.
