La industria energética española, al igual que a nivel global, se encuentra en un punto de inflexión marcado por la transición energética hacia un modelo más sostenible. El coste de las emisiones y la optimización de las redes se han convertido en los ejes centrales de los debates actuales.
Muchas son las opiniones sobre qué política es la más correcta. Desde elEconomista.es, apostamos por la confianza en el mercado y la neutralidad para el desarrollo de todas y cada una de las iniciativas destinadas a resolver las emisiones de CO2.
El de la energía es un sector muy condicionado por la regulación, con legislaciones cambiantes y que además no es la misma para toda la UE. En muchas ocasiones, las normativas se ciñen a las necesidades de los territorios cuando el problema de las emisiones es universal.
Esta situación provoca la existencia de distintos criterios políticos sobre qué debe entenderse por energía limpia y, por tanto, si es adecuada la intervención pública para favorecer o no determinada tipología de generación. Igualmente ocurre para determinar la estrategia con respecto a las redes y la tramitación administrativa para conseguir los permisos, etc.
La situación geoestratégica de España y el elenco de empresas del que disfruta hace que debamos exigir a la Administración Pública la mejor de las gestiones. Sería imperdonable perder esta oportunidad histórica. Y es necesario que la gestión pública regulatoria se haga desde una perspectiva a largo plazo, que vaya más allá del propio periodo de gestión de los gobiernos.
En todo caso, la fuerza que tenemos en España con nuestra capacidad de generación en renovables, hidrógeno, combustibles alternativos o hidráulica, nos debería situar en una posición estratégica, férrea, capaz de colocarnos, por fin, ante un cambio de tendencia en la industria.
Tenemos la experiencia de la Historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países que se industrializaron más rápidamente fueron los que gozaron de unos costes energéticos más baratos. Esta situación, sin duda, volverá a reproducirse, aunque en esta ocasión la brecha será mayor por la necesidad de energía en los centros de datos.
La búsqueda de un equilibrio entre la transición energética y la competitividad industrial requiere de un enfoque integral que involucre a todos los agentes implicados: gobierno, empresas, consumidores y sociedad civil. La colaboración y la innovación serán clave para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que plantea este proceso de transformación.
