Los primeros nueve meses del año han concluido sin que el Gobierno cumpliera con el calendario que estipula la Comisión Europea, para que los Estados miembro formulen sus peticiones de los sucesivos desembolsos de fondos anticrisis Next Generation.
Esa hoja de ruta establecía que Moncloa debía presentar la solicitud relativa al quinto pago antes del verano, para activar el proceso de evaluación, por parte de Bruselas, del cumplimiento de las reformas a las que el Ejecutivo español se ha comprometido.
Tras al incumplimiento, el Gobierno reitera ahora su intención de pedir el quinto desembolso antes del 31 de diciembre, pero todo apunta a que, como mínimo, el sexto tramo, agendado también para 2024, no llegará a tiempo y tendrá que gestionarse en 2025. Esta demora en las solicitudes es un claro síntoma de las dificultades que Moncloa afronta para cumplir con los requisitos que Bruselas asocia a sus desembolsos.
En concreto, el Gobierno debe aprobar casi 10 reformas en los próximos meses (la fiscal y la del suelo entre ellas) para acceder a la ayuda. La legislatura está marcada por una clara parálisis normativa. No en vano, el presente ejercicio es en el que menos leyes se han aprobado de la Democracia. Esto refleja que el Ejecutivo tiene muy difícil lograr los apoyos necesarios para sacar adelante las reformas. Esta debilidad parlamentaria deja en el aire la llegada de 10.500 millones, lo que supone una muy mala noticia para España. Más aún al unirse el problema de la incertidumbre con los próximos pagos a la lentitud en el grado de ejecución real de estos recursos, que no deja de agravarse desde 2022. Así lo advierte también el Tribunal de Cuentas de la UE, que alerta de que los problemas de control y ejecución de los fondos en España siguen vigentes.
