El conocido como concierto fiscal pactado entre ERC y el PSC ha permitido a Salvador Illa convertirse en presidente de Cataluña. Pero a cambio, los republicanos han logrado que los socialistas firmen que la Hacienda catalana gestione el 100% de los impuestos que se recaudan en la autonomía.
El Gobierno 'vende' que esto no tendrá ningún coste y que el resto de autonomías no se verán perjudicadas. Pero los economistas no opinan lo mismo. Fedea, por ejemplo, estima que el pacto supondrá una pérdida de recaudación de unos 22.000 millones. Para compensar este roto en las cuentas públicas, Moncloa puede optar por varias vías.
Una de ellas es incrementar un 29,5% en el tramo estatal del IRPF que aplicarían las autonomías del régimen común. Otra opción pasa por la eliminación de los dos tipos reducidos de IVA. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya reconoció en 2021 que estudiaba la reforma de este tributo. Un año después el libro blanco encargado a un consejo de expertos para acometer dicha reforma apostaba por la supresión gradual de los tipos reducido y superreducido, lo que podría elevar la recaudación en hasta 17.100 millones. Queda así patente que la subida del IVA de los productos básicos está sobre la mesa.
Es cierto que España tiene unas tasas más bajas en este tributo que el resto de países europeos y que la OCDE ya ha pedido a nuestro países su incremento. Pero también es verdad que la subida supondría un claro perjuicio para las clases más vulnerables, que son aquellas que el Gobierno siempre dice defender. Pero independientemente de la opción que el Ejecutivo finalmente eliga para compensar el golpe en la recaudación del pacto con ERC, lo único claro es que el concierto catalán lo acabaremos pagando entre todos.