La Junta de Andalucía ha remediado la extraña situación a la que dio lugar al dejar pasar los plazos para responder al recurso de Ecologistas en Acción sobre la nueva mina de Aznalcóllar, con lo que las licencias otorgadas quedaron "suspendidas", en el limbo, con más de 450 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo en juego. La administración desestima finalmente el recurso y ratifica la "plena legalidad" de la Autorización Ambiental Unificada otorgada a Minera los Frailes. Próxima parada: los tribunales.
Otra gran compañía minera, Emérita, está en proceso de obtención de la Autorización Ambiental Unificada a su proyecto Iberian Belt West en los municipios onubenses de Puebla de Guzmán y Paymogo, en el que piensa invertir alrededor de 300 millones. También hay aquí una situación extraña. Esta semana ha sido publicada en BOJA la resolución por la que la Junta lo declara de Interés Estratégico de Andalucía. La compañía había hecho público este hecho el pasado mes de agosto, pero hasta ahora no había sido publicado en el boletín, que es lo que le confiere legalidad. En la resolución publicada constan informes desfavorables de las consejerías de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul y de la de Agricultura y Agua por posibles impactos en espacios protegidos y en el embalse del Andévalo. "Riesgo que sería preferible no asumir", dicen los técnicos. La Comisión de Política Económica resolvió el expediente desfavorablemente. La declaración de interés estratégico se ha producido por silencio administrativo.
Se da la circunstancia de que Grupo México (principal socio de Minera Los Frailes) y Emérita son viejos conocidos: las dos compañías compitieron hace una década por la concesión de Aznalcóllar, que finalmente fue adjudicada a los mexicanos, apoyados por Magtel como socio local. La limpieza de aquel proceso está bajo sospecha, con un juicio penal señalado en la Audiencia de Sevilla en mazo de 2025 por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
La minería es un sector estratégico para Andalucía (para Europa) y una de las grandes bazas de la comunidad para reindustrializarse. Es además un sector absolutamente renovado, sometido en esta tierra a la legislación más rigurosa a nivel internacional en cuanto a parámetros de respeto ambiental y sostenibilidad. Están en juego inversiones de primera magnitud de las empresas, miles de puestos de trabajo y la protección al medio ambiente, patrimonio de todos. Por todo eso, las empresas y la sociedad en su conjunto se merecen tramitaciones administrativas absolutamente transparentes y rigurosas, sin que demoras o silencios puedan dejar resquicios a la duda.
