La demora de la Junta de Andalucía en un trámite administrativo ha provocado la suspensión de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Consejería de Sostenibilidad a Minera Los Frailes para el proyecto de una nueva explotación en la mina de Aznalcóllar (Sevilla). La administración andaluza no respondió en plazo a un recurso de alzada presentado contra la autorización por Ecologistas en Acción, que entendía, como motivo fundamental, que no se había hecho correctamente la evaluación del impacto de los vertidos previstos al Guadalquivir. Y según la normativa, no responder a este recurso supone la suspensión "automática" de las autorizaciones concedidas, que afectan a una inversión de 450 millones de euros y a la creación de 2.000 puestos de trabajo.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente explica que está "ultimando la resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica", aunque reconoce que "de conformidad con la normativa vigente, al haber transcurrido un mes desde la recepción de dicho recurso de alzada, la autorización ambiental queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal".
Un mes
Ecologistas en Acción interpuso el recurso el pasado 12 de agosto. Sus argumentos, según ha indicado la organización ecologista en un comunicado, se fundamentaban en "incumplimientos de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la autorización ambiental unificada, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, una modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años; incumplimiento de la obligación de realizar una adecuada evaluación de impacto ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, incluyendo los impactos en la agricultura y ganadería ribereña; la falta de evaluación de los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena" o la "omisión" del obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana.
"Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería competente no ha dado ninguna respuesta y, por tanto, el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal", señala Ecologistas en Acción.
No cancela
Sin embargo, según la administración "esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la autorización ambiental unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería". La consejería explica que "este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización".
Cuando en el mes de julio la Junta anunció que había concedido tras siete años de burocracia la Autorización Ambiental Unificada comparecieron los consejeros de Minas, Jorge Paradela, y de Sostenibilidad, por entonces Ramón Fernández-Pacheco, para explicar que la tramitación del expediente había sido particularmente escrupulosa, que se habían exigido todo tipo de garantías y que se había ido incluso más allá de los mínimos legales.
La administración coincidía con la empresa en que éste es un proyecto "nuevo" que nada tiene que ver con el que causó la catástrofe de 1998. Fundamentalmente porque es una mina subterránea, no a cielo abierto como anteriormente, y no precisa de balsas de lodos, sino que el agua se recircula en un 80% en la explotación, con una depuradora de última generación para reciclar la que finalmente se vierte y con exhaustivos controles de los vertidos. Desde la empresa y desde foros técnicos se ha asegurado que el agua que se va a verter tiene niveles cercanos al del agua potable.
La tramitación administrativa ha sido "excepcional", según los responsables de la Junta, con dos periodos de información pública, audiencia y alegaciones "que han enriquecido el proyecto", con la incorporación de un hidrogeólogo para control de aguas subterráneas y de un técnico ambiental de control, además de añadir un plan de contingencias. La empresa tiene que depositar 60 millones de euros en garantías, y de los 450 millones de inversión total más de 100 son para temas ambientales.
Advertencias ecologistas
Los ecologistas insisten sin embargo en que se producirá un vertido al Guadalquivir de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de la fase preoperativa, consistente en vaciar las aguas contaminadas que se acumulan en el recinto minero desde 2001, y 68.000 millones de litros de vertido tóxico durante los 17 años de la posterior fase operativa. A pesar de la depuración que anuncian, el vertido contendría metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre y zinc.
"Ecologistas en Acción considera que la suspensión obtenida resulta el paso previo imprescindible para que las Consejerías competentes en materia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y en materia de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reconsideren y revisen la Autorización Ambiental Unificada otorgada. Lo contrario supondría de hecho la complicidad y colaboración necesaria del actual Gobierno de la Junta de Andalucía con los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental que serán juzgados a partir de marzo de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla por los actos que condujeron en 2015 a la adjudicación de los derechos mineros al consorcio Minorbis-Grupo México y posteriormente a la empresa Minera Los Frailes", dicen los ecologistas.
El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU) ha pedido tranquilidad ante esta noticia, y ha indicado que "si se cumplen con todas la normativas europeas, nacionales y autonómicas en materia medioambiental, jurídicas o administrativas, resuélvase y adelante", recordando que el municipio lleva "más de nueve años esperando con la máxima paciencia y total confianza" el proceso de reapertura.
