Pendientes aún de saber el resultado de la última humillación de Sánchez y su gobierno rindiendo pleitesía al fugado de la Justicia Puigdemont para implorarle el apoyo de sus diputados al techo de gasto, en los ámbitos políticos y parlamentarios las apuestas apuntan masivamente a una nueva derrota parlamentaria del gobierno y a que Sánchez, salvo milagro en forma de nuevas cesiones al chantaje de los independentistas, se quedará sin Presupuestos.
De hecho en el grupo socialista y en el partido aseguran que en La Moncloa y en la sede de Ferraz asumen que están condenados a una nueva prórroga presupuestaria -serian ya dos años- y están preparando ya el argumentario para vender que no va a pasar nada. Pero sí pasa, mucho y malo. Porque la prórroga presupuestaria no sólo condena al Gobierno, condena también a España, a la economía y al empleo.
Recordar que el techo de gasto es el marco general sobre el que se desarrollan las cuentas del Estado y prorrogar los Presupuestos implica serias dificultades para responder a los cambios económicos, la imposibilidad de aplicar nuevos políticas públicas o planificar proyectos a largo plazo, además de restricciones de inversión, incumplimiento de compromisos internos y exteriores y rigidez fiscal.
Y aunque la prórroga está prevista en la legislación española para evitar el colapso de las Administraciones, su uso recurrente deteriora la certidumbre económica, la seguridad jurídica y la solidez del sistema democrático, con la consecuencia directa de dejar al país paralizado, dado que en el decreto de prórroga presupuestaria el Ejecutivo sólo podría incorporar las medidas más urgentes salvando, eso si, la revalorización de las pensiones que seguirán subiendo conforme al IPC, tal y como establece el artículo 58 del Real Decreto por el que se crea la Ley General de la Seguridad Social.
Como han señalado desde los principales gabinetes de estudios, la incapacidad del gobierno para aprobar los Presupuestos impide también la asignación de nuevos fondos para proyectos de infraestructuras, con los consiguientes retrasos en el inicio de obras cruciales, la paralización de proyectos en marcha, o incluso la cancelación de inversiones previstas. También los contratos ya adjudicados podrían sufrir demoras en los pagos, lo que generaría incertidumbre en las empresas, reducción de la confianza empresarial, paralización de las inversiones nacionales y extranjeras y deterioro en la creación de riqueza con pérdida de empleo y reducción de las contrataciones.
Y en el ámbito estrictamente macroeconómico la prórroga continuada de los presupuestos es siempre percibida por los mercados financieros como un síntoma de inestabilidad política y económica que tiene graves consecuencias en términos de confianza y por consiguiente en la calificación crediticia del país, y en las dificultades para colocar la deuda pública repercutiendo en un aumento de los intereses. Y esto en un país que con una deuda pública que supera el 108% del PIB está entre los más endeudados del Mundo.
Y tampoco sirve el recurso a los fondos europeos, de los que al término del primer semestre sólo se habían gastado el 3,5% de los dineros concedidos este año, apenas 1.237 millones de euros frente a los 35.835 millones recibidos, con datos de la Intervención General del Estado. Fondos que siguen sin llegar al sector privado por la incompetencia demostrada del gobierno para gestionarlos.
Como le indicó desde la oposición el propio Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018 "sin presupuestos no se puede gobernar". Pues aplíquese ahora el cuento y deje de humillarse y humillarnos negociando el futuro de España con un delincuente, fuera de España y en reuniones clandestinas.
