A primeros de este mes, nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo público que aumentaría los impuestos a "quienes tienen en el banco el suficiente dinero para vivir cien vidas" y proteger así "a las clases trabajadoras de un sistema extraordinariamente injusto". Y añadió: "más transporte público, y menos Lamborghini". Esta fue su frase mediática.
Hace ya tiempo que comento la necesidad de abandonar ese mensaje propio de la lucha fiscal de clases, y sustituirlo por otro que justifique replantear la fiscalidad de la riqueza.A pesar de ello, coincido con el presidente. En el fondo, claro está, pero no en la forma.
Creo, sinceramente, que la convivencia en sociedad exige no avivar la lucha de clases, y promover, desde el diálogo y el respeto, una sociedad más justa.
Sería, pues, necesario recordarnos que nuestra Constitución consagra la obligación que todos tenemos de contribuir al gasto público mediante un sistema tributario justo, basado en los principios de capacidad económica, progresividad, igualdad y no confiscatoriedad.
Creo que somos lo suficientemente mayores como para entender que la igualdad exige que todos hagamos un esfuerzo fiscal equivalente y, por tanto, quien más riqueza obtiene, pague proporcionalmente más.
Pero es también imprescindible reconocer que lo realmente importante es la progresividad en el gasto público, y no en el ingreso. Reducir la desigualdad, exige que el gasto se materialice en políticas selectivas, y no universales.
En este contexto, pienso que es más enriquecedor plantear la necesidad de replantear la fiscalidad de la riqueza y conseguir así una tributación más equitativa entre el capital y el trabajo, además de mejorar la progresividad del conjunto del sistema tributario.
Quisiera, pues, escuchar, que nuestro actual sistema tributario es injusto porque en su conjunto grava de forma desproporcionada a las rentas medias y bajas con relación a las más altas y, que, por tanto, es necesario un ajuste que corrija esta deficiencia y redistribuya de forma equitativa la actual presión fiscal.
El presidente ganaría muchos adeptos si reconociera igualmente que nuestro sistema tributario es injusto porque grava de forma desproporcionada el trabajo con relación al capital, y porque el propio legislador, esto es, nuestros responsables políticos, son, con su silencio, corresponsables de muchas de las deficiencias que en términos de equidad existen. Por tanto, más que subir o bajar impuestos, primero hay que hacer más justo nuestro actual sistema fiscal.
Es, pues, urgente y necesario retomar el proyecto de reforma del sistema tributario que el COVID abortó, y de la que nunca más se supo. Los parches no hacen más que justificar su necesidad.
No estaría mal, tampoco, que se reconociera que los impuestos son necesarios para cubrir el gasto público, y que es por ello imprescindible incidir no solo en los ingresos. Seria pues conveniente anunciar su profunda revisión con la finalidad de mejorar su eficiencia.
Estaría también muy bien que se hiciera una valoración pública del impacto o eficacia que están teniendo todas y cada una de las políticas de gasto aprobadas, entre otras, la ayuda al transporte público, a la cultura, al acceso a la vivienda, el ingreso mínimo vital, las reducciones del IVA, y un largo etcétera.
Personalmente, le aplaudiría a rabiar si reconociera que sin riqueza no es posible mantener ninguna sociedad del bienestar, y que, por tanto, es necesario promover su creación y que esta se redistribuya de forma más igual. Que reconociera que el problema no es la desigualdad económica que hoy existe, sino la desigual redistribución de la riqueza. Que la pobreza no se soluciona con ayudas, sino, esencialmente, promoviendo la creación de riqueza y una verdadera igualdad de oportunidades.
Me gustaría también que el presidente nos dijera que el impuesto sobre las grandes fortunas hay que reformarlo porque con su actual regulación no se grava de verdad a los más ricos.Me gustaría, y mucho, que nos anunciara un proyecto conjunto para reorientar nuestra economía hacia el bien común. Hacia la corresponsabilidad y compromiso social. Hacia la mutua colaboración. Hacia una verdadera economía social de mercado. Una economía en la que lo primordial sea mejorar la redistribución natural de la renta a través de políticas predistributivas.
A una sociedad que prime la creación de valor, la protección del medio ambiente, la colaboración público-privada, y un largo etcétera. Una sociedad que nos permita a todos tener una vida digna fruto de nuestro esfuerzo y responsabilidad, y no de las ayudas públicas. Una sociedad que tenga interiorizado el sentimiento de justicia. Que perciba la necesidad y la calidad de lo público.Y ya no les digo nada si, para acabar, se nos anunciara un gran pacto social y colectivo para revisar el gasto público de todas las Administraciones Públicas y aumentar la recaudación a través del aumento de la riqueza y de la mejora de la equidad fiscal entre capital y trabajo.
Todo, claro está, con la guinda de reconocer la insoportable inseguridad jurídica en la que estamos inmersos y la urgencia en crear mecanismos de colaboración entre la Administración Tributaria y los contribuyentes que pongan fin a la tensa relación que hoy existe.
