Entre el escepticismo y la esperanza se mueven las impresiones recogidas sobre la nueva Comisión Europea. Después de presentar a bombo y platillo el informe Draghi junto al ex presidente del Banco Central Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer su ejecutivo, en el que predomina la redundancia de comisarios con funciones parecidas.
Ella lo justificó para incrementar la cooperación, como aconseja el informe de Draghi. Pero no parece que duplicar las funciones sea la manera de agilizar la toma de decisiones, más bien al contrario. Se corre el riesgo de que los problemas se eternicen de una comisaría a otra, como una pelota de ping pong sin encontrar solución.Draghi considera que la descarbonización, bien planteada, puede convertirse en una fuente de competitividad, pero mal planteada (sobre todo de forma descoordinada y dependiendo en exceso de tecnologías chinas subvencionadas), puede hundirla.
La UE necesitará poner en contacto a casi una decena de comisarios para ejecutar su política industrial de manera coordinada porque las competencias sobre energía y clima están dispersas en el organigrama. Teresa Ribera se presenta sobre el papel como la número dos del futuro ejecutivo, como responsable de la Transición Competitiva Justa y Limpia. Pero la política sobre el Pacto Verde para la Industria las compartirá con otro vicepresidente, el francés Stephan Shéjourné, encargado de Prosperidad y Estrategia Industrial. Su mayor poder se concentra en la estratégica comisaría de Competencia de su predecesora Margrethe Vestager, conocida como la dama de hierro, por las sanciones a las grandes tecnológicas. Una prueba de que esto es así es que la única dirección general que depende de Ribera es la de Competencia.
El español Joaquín Almunia ya fue titular de esa misma cartera, aunque sin la categoría de vicepresidente. No cabe duda de que el puesto de Ribera es de una gran relevancia, porque tendrá que luchar contra los oligopolios americanos o chinos que operan en Europa, mientras que su papel sobre la transición ecológica se circunscribirá a la coordinación de otros tres comisarios relacionados con esta materia: Dan Jargensen, responsable de Energía y Vivienda; Jessika Roswall, de Agua y Economía Circular Competitiva y, por último, Wopke Hoekstra, encargado de Clima, Emisiones Cero y Crecimiento Limpio.Un análisis del influyente semanario Politico recalca que los comisarios tendrán carácter ejecutivo, pese a que Von der Leyen calificó así a las seis nuevas vicepresidencias de la Comisión.
Ribera tiene la encomienda de batutar los fondos sociales sobre el Clima, la Transición Justa y un nuevo sobre Competitividad, con un poder omnímodo para autorizar y apoyar las ayudas de Estado, de los que aún se desconoce su dotación. Asimismo, se encarga de luchar con la pobreza energética en toda la Unión. Fuentes comunitarias aseguran que será el vicepresidente francés, mucho más cercano a las ideas de la presidenta de la Comisión, el guardián de las esencias europeas. Éste tendrá, en última instancia, la titánica misión de defender la competitividad de la industria.
Entre sus misiones está la elaboración de sendos planes de actuación sobre la energía asequible, la electrificación ó la energía nuclear y, lo más importante, la nueva estrategia sobre fiscalidad energética.También será el coordinador de los comisarios de mayor peso económico: Valdis Dombrovskis, comisario de Economía, Productividad, Implementación y Simplificación; Marcos Sefcovic, encargado de Comercio, Seguridad Económica y Transparencia, así como María Luis Albuquerque, responsable de Servicios Financieros, Ahorro e Inversión. Von der Leyen aplicó la vieja máxima de "divide y vencerás".
El reparto de funciones similares entre varios comisarios dejará en sus manos las decisiones finales. La presidenta de la Comisión es una persona hermética, que le gusta tener la última palabra. Así fue en la pasada legislatura y será en ésta, aseguran.De todas maneras, el círculo cercano a la presidenta es contundente al afirmar que, después del estrepitoso fracaso de la política industrial en la pasada legislatura, se dispone a dar un giro de 180 grados. Cuatro años después del 2020, la industria europea está lejos de alcanzar el 20% del PIB.
El reciente anuncio por parte de Volkswagen de que estudia el cierre de un par de fábricas en Alemania, por primera vez en su historia, ha sacudido el país y la conciencia de sus conciudadanos. Para rematar, esta semana Intel aplazó la inversión de 20.000 millones en una fábrica de chips, que junto a la de Tesla, que sufrió también retrasos de varios años y se ha topado con problemas medio ambientales, son las dos grandes inversiones anunciadas en el país teutón en los últimos años. Las dos son multinacionales americanas. Ninguno de los unicornios europeos ha superado la valoración de los 10.000 millones, según Draghi.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pertenecientes a la European Round Table (ERT), que reúne a las 40 grandes empresas con el propósito de influir en la política industrial, lo definió muy bien esta semana: "La transición energética y la descarbonización es mucho más que hacer energía verde, es hacer industria y empleo de calidad de futuro y autosuficiencia".
"La idea de que hay que apoyar el desarrollo de la industria haciéndolo compatible con la defensa del clima ha calado definitivamente en Bruselas", asegura un alto cargo. Otro de los aspectos vinculado al fortalecimiento de la industria, que Von der Leyen se ha preocupado de introducir es el de la autonomía estratégica. La futura vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Hemma Virkkunen, tendrá la misión de coordinar comisarías como Startups, Investigación e Innovación, a cargo de Ekaterina Zaharieva, o la dedicada por primera vez a Defensa y Espacio (Andrius Kubilius).
Sobre lo que existe más duda es que Von der Leyen sea capaz de lograr una simplificación normativa o incluso una pausa en la regulación, como pide Draghi. El exceso de burocracia y de papeleo es uno de los culpables del estancamiento que sufre la economía alemana y europea, según los expertos.
La primera prueba fuego es el organigrama de la Comisión, una inmensa torre de babel de 20 comisarios y seis vicepresidentes para dar cabida a la representación da cada uno de los países miembros, que augura una gigantesca lucha de poder entre ellos, en vez de reducirse a una decena, como aconseja el ex primer ministro italiano.
¿En el próximo mandato, que debería acoger la extensión de la UE en nueve miembros, habrá 36 comisarios? La ampliación choca con asuntos como la inmigración y el reparto de los fondos de cohesión, en manos del vicepresidente Raffaele Fitto, puesto por Giorgia Meloni, en medio del auge del antieuropeísta partido de ultraderecha, Alianza por Alemania (Afd), que este fin de semana puede ganar en el estado germano de Brandeburgo. La nueva Comisión corre el riesgo de transformarse en un monstruo de varias cabezas, burocratizado, ingobernable e inservible en un momento crítico, en el que se deben tomar decisiones dolorosas para recuperar la competitividad perdida frente a China y Estados Unidos.
PD.-Ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos, la atención se centra en el plan fiscal que se presentará a mediados de octubre. ¿Cómo puede comprometerse el Ejecutivo de Pedro Sánchez a una senda de déficit y deuda para los próximos siete años, si ni siquiera podrá sacar adelante los Presupuestos del próximo año? Es la preocupación que se comenta en los pasillos de Bruselas.
Un informe difundido esta semana por el Instituto Bruegel muestra que España tendrá que hacer un ajuste fiscal del 6,5 por ciento del PIB en 2045 (unos 80.000 millones a día de hoy), para el sostenimiento de las pensiones y los gastos derivados del envejecimiento. Los cálculos no distan mucho de los realizados por el Banco de España o la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF). El texto que envíe el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debería recoger una consolidación fiscal por primera vez de las cuentas públicas. Un ajuste que se acrecienta si en el cálculo se incluye el coste para el Estado del pacto firmado entre Salvador Illa (PSC) y Marta Rovira (ERC) por el que Cataluña debería incrementar la financiación procedente del Estado en más del 50% ya en 2025. No todo es crecimiento en la economía.