El Gobierno presentará a Bruselas en las próximas semanas su hoja de ruta de reducción de déficit y deuda para los próximos cuatro años (ampliables a siete si se comprometen reformas).
Pero la Unión teme que el plan fiscal sea papel mojado al no contar con el respaldo de unos Presupuestos para 2025. La inquietud del Ejecutivo comunitario es comprensible, ya que es poco creíble un plan de control de las cuentas públicas hasta 2031 si el Estado sigue sujeto a la hoja de ruta fiscal definida en 2022, la última que se aprobó.
Por si fuera poco, en 2025 entra en vigor el concierto catalán, lo que trastoca por completo el esquema de ingresos y gastos de las administraciones. El Gobierno, por tanto, lo tendrá muy complicado para convencer a Bruselas de un plan fiscal sin Presupuestos, del que depende el quinto y sexto pago de los fondos europeos. En total, 11.600 millones con los que el Ejecutivo cuenta para desplegar sus medidas pese a la falta de nuevas cuentas públicas.
