El modo en que la Ley de Alquileres catalana asfixia al mercado se evidencia en el encarecimiento que sufren los arrendamientos por habitaciones individuales. El modo en que se ha contraído la oferta de los alquileres convencionales aboca a miles de personas a explorar una alternativa en los pisos compartidos.
Pero tampoco en la modalidad tradicionalmente más modesta del alquiler residencial puede satisfacerse la demanda existente. En toda España, la mensualidad exigida por una habitación se sitúa de promedio en 400 euros. Pero no es casual que en Barcelona llegue a los 570, casi cien más que en Madrid o en Palma. Se trata de una consecuencia más del pernicioso intervencionismo que la normativa promovida por la Generalitat ha provocado.