Venezuela producía hace poco más de una década 2,5 millones de barriles de petróleo diarios y hoy no llega a 900.000. La industria funciona a poco más del 40% de su capacidad y lo ha hecho estos años al 21%. Los cortes en el suministro eléctrico son frecuentes, los servicios públicos apenas existen y la intervención de la economía ha provocado tal escasez, que una gran parte de la población vive en situación de pobreza severa. Casi 8 millones de venezolanos han tenido que huir del país: unos por razones económicas, otros por razones políticas y todos para intentar sobrevivir a un régimen putrefacto. Un éxodo mayor que el que se ha producido en Siria, pero sin guerra civil.
El pasado 28 de julio los venezolanos acudieron masivamente a las urnas. La oposición decidió participar en el proceso electoral, a pesar de las detenciones a varios de los miembros de los equipos de los líderes de la oposición o de la inhabilitación de María Corina, que fue la vencedora del proceso de primarias en el que los opositores la eligieron como candidata. Parecía claro que la situación del país les llevaría a la victoria, que una mayoría social en Venezuela había superado la polarización con la que había trabajado el régimen durante estos años para mantenerse en el poder y que la victoria se fraguaría sobre un apoyo transversal de los ciudadanos venezolanos.
Los resultados electorales no dejaron lugar a dudas. El recuento y las actas emitidas por las máquinas de votación en acto público, firmadas por cientos de miles de miembros de mesa, testigos y ciudadanos que asistieron a los mismos acreditaron la victoria de la oposición, aunque el Consejo Nacional Electoral y toda la estructura institucional del régimen proclamaron lo contrario. Hoy en Venezuela se libra una batalla entre los demócratas y quienes defienden al régimen, entre los que han ganado las elecciones y quienes las han perdido, que utilizan la fuerza, la opresión y el miedo para mantenerse en el poder: son más de 1.400 los detenidos por manifestarse en favor del triunfo de la oposición y 26 los asesinados.
La posición que mantiene el Gobierno español, después de la derrota de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el 28 de julio de 2024, es la prueba más evidente del nulo compromiso de la política exterior de Pedro Sánchez con los principios consustanciales a las democracias liberales. Es evidente que Maduro no ganó las elecciones, si no hubiera mostrado la certificación de su victoria y no lo ha hecho. A pesar de ello, Pedro Sánchez es incapaz de decir que en democracia hay que respetar los resultados electorales, también en Venezuela, y que si no lo haces, manteniéndote en el poder por la fuerza, te conviertes en un dictador y el régimen en una dictadura, que es lo que desgraciadamente padecen los venezolanos desde hace años, con la simpatía y el aplauso de la izquierda española más radical, a la que ahora se une el Partido Socialista con su secretario general y presidente del gobierno a la cabeza.
Al Gobierno español le correspondería por múltiples razones, que a ninguno se nos escapan, liderar ante la Comunidad Internacional exigir al sátrapa venezolano facilitar la transición, pero por motivos desconocidos no sólo no lo hace, sino que se refugia detrás de un futuro consenso europeo para no reconocer la victoria de la oposición. Esta es una prueba más de que la política exterior del gobierno de Sánchez es sólo una parte de su política interna y, por tanto, sometida a las necesidades parlamentarias que le den estabilidad y alejada de la lealtad a nuestros aliados, de los principios de los estados de derecho y de los intereses nacionales. La impostura, las palabras vacías y las frases huecas ponen en evidencia demasiadas contradicciones. Esto es grave, pero más lo es que se ponga de manifiesto que la política exterior de España en estos momentos, carece de la sobriedad que le corresponde a un socio fiable, porque obedece a intereses particulares.
A nivel internacional, Rusia, China, Nicaragua, Irán y Cuba apoyan a Maduro como lo hace Podemos en España. El presidente Lula de Brasil, y Petro en Colombia defienden la repetición de las elecciones, la UE pide al Consejo Nacional que se verifiquen los resultados y, como se señalaba más arriba, en ese magma se oculta el gobierno español, incapaz de dar un paso adelante para liderar una posición en defensa de la verdad, que es la victoria de la oposición.
En este panorama, llama poderosamente la atención el silencio del expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, dada su privilegiada relación con el régimen. En estos momentos esa actitud neutral parece implicar tomar partido por el dictador, porque sostener que es favorecer la interlocución con Maduro es difícil de comprender para los miles que lo sufren. Algún día sabremos qué defiende respecto a los resultados electorales en Venezuela y en qué consiste su relación con la dictadura que según el Gobierno consiste en una labor que "aprecia y valora" y que le consta que la oposición venezolana también lo hace, aunque María Corina haya manifestado que desconoce en qué consiste el trabajo del expresidente.
El tiempo juega a favor de la dictadura, y a la Comunidad Internacional le corresponde procurar que, de acuerdo con los resultados electorales, Edmundo González ocupe la presidencia de una Venezuela libre. Del gobierno de España desgraciadamente cabe esperar poco, aunque me gustaría equivocarme.
