La legislatura que comenzó hace ahora un año en nada varía el agresivo afán de presionar aún más fiscalmente a las empresas que caracterizó a sus predecesoras. Lo demuestran los cambios impulsados en impuestos ya existentes, como fue el reciente establecimiento del tipo mínimo del 15% en Sociedades, o las modificaciones sobre la fiscalidad de las ganancias generadas en el exterior de ese tributo.
Lo demuestran los cambios impulsados en impuestos ya existentes, como fue el reciente establecimiento del tipo mínimo del 15% en Sociedades, o las modificaciones sobre la fiscalidad de las ganancias generadas en el exterior de ese tributo. Pero también se articula a través de figuras impositivas de reciente creación, como las tasas sobre los sectores bancario y energético.
Nada justifica su vigencia, pero el Gobierno se empecina en perpetuarlas, conservando además su deficiente diseño actual, que grava los ingresos y no los beneficios. Estas iniciativas solo empeoran una fiscalidad opresiva desde hace años para las empresas, como revelan las comparativas con el resto de la UE.
En concreto, nuestro país se encuentra entre las economías desarrolladas que más penalizan los costes de capital empresariales. El Fisco español ofrece una deducción máxima del 63,6%, frente al 74% del promedio comunitario, o el 80,4% y el 76,6% propios de Italia y Francia respectivamente. Los costes de capital están directamente relacionados con aspectos medulares como los desembolsos en maquinaria, inmuebles o mantenimiento. Si el margen de las deducciones fiscales es estrecho en esta rúbrica, también lo será la capacidad misma de las empresas para elevar su músculo inversor.
Es más, los analistas alertan de que también se ve afectada la productividad de las plantillas. Puede así vaticinarse que, si esta situación tributaria no se atenúa seguirá sufriendo la capacidad de crecimiento de las empresas, y también sus posibilidades de incrementar o, al menos, mantener sus plantillas actuales.
